Barcelona aprueba provisionalmente la congelación de las ordenanzas fiscales para 2022

  • La abstención de ERC permite superar el primer trámite a la espera de la aprobación definitiva en diciembre.
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este miércoles presidido por la alcaldesa, Ada Colau.
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona.
ACN
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este miércoles presidido por la alcaldesa, Ada Colau.

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes ha aprobado provisionalmente la propuesta del Gobierno municipal de congelar las tasas y tributos para 2022 con los votos favorables de comuns y PSC, la abstención de ERC, y los votos en contra de Junts, Cs, PP, BCN Canvi y la concejal no adscrita Marilén Barceló.

La propuesta de las ordenanzas fiscales incorpora la eliminación de la bonificación a terrazas --que era del 75% durante 2021--, una bonificación del 30% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles de uso industrial para la instalación de sistema para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía del suelo, y una reducción del 20% en la tasa de recogida de residuos domiciliaria a los vecinos que tienen un sistema individualizado.

Tras la aprobación inicial, ahora se abrirá un periodo de información pública de 30 días hábiles y se prevé su aprobación definitiva en el pleno de diciembre. 

Período de diálogo

La concejal de Hacienda y Régimen Interno, Montserrat Ballarín, ha celebrado que las ordenanzas puedan pasar el primer trámite, ha explicado que ahora se abre un período para el diálogo y ha defendido que más allá de la congelación "hay mensajes importantes de carácter ambiental".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha insistido en que el objetivo de congelar las tasas e impuestos es reducir las desigualdades, luchar contra el cambio climático y apoyar a la economía local, y ha asegurado que "la presión fiscal de Barcelona está por debajo de la de Madrid".

El concejal de ERC Jordi Castellana ha lamentado que la propuesta de las ordenanzas "mantenga la inercia" de los últimos años, por lo que cree que el Gobierno municipal no entiende el momento actual de cambio --ha dicho-- y ha reprochado al Ejecutivo local incumplimientos en la 'Tasa Amazon'. 

"Ninguna esperanza"

Para la líder de Junts en Barcelona, Elsa Artadi, las ordenanzas no dan "ninguna esperanza a las familias ni a la actividad económica" y cree que son las mismas que se hubieran presentado si no hubiera pasado la pandemia.

La líder de Cs en Barcelona, Luz Guilarte, ha reprochado al Gobierno municipal que su objetivo es recaudar por recaudar: "Lo que se está congelando es la capacidad de los barceloneses de poder salir de esta crisis", ha dicho, y ha añadido que la única rebaja que se ha hecho es en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Josep Bou (PP) ha lamentado que Barcelona esté en el ranking de fiscalidades más altas de España, según él, y ha reprochado al Gobierno de Colau que esta fiscalidad no esté "a la altura de los servicios municipales" y que vea las ordenanzas como una herramienta para incrementar los ingresos mientras se vacían los bolsillos de los vecinos, en sus palabras.

Eva Parera (BCN Canvi) ha sostenido que estas no son las ordenanzas que necesita Barcelona y cree que para recuperar la economía no basta con congelar impuestos, sino que hay que bajarlos: "Si aprobamos las ordenanzas tal como están no ayudaremos a la recuperación económica de la ciudad", ha concluido, y ha dicho que están abiertos a negociar y a cambiar su voto. 

Pendiente de la plusvalía

El impuesto de la plusvalía ha marcado parte del debate de las ordenanzas después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya dictaminado en una sentencia en contra de este impuesto municipal, sobre el que todos los grupos de la oposición han mostrado su preocupación.

De hecho, este jueves registraron una petición que solicita al secretario del consistorio un informe sobre la "idoneidad" de seguir tramitando las ordenanzas fiscales tras la sentencia del TC.

Ballarín ha lamentado que la sentencia sea "un golpe muy duro a las economías de todos los municipios de España", pero ha asegurado que el Ministerio de Hacienda trabaja aceleradamente para solucionarlo.

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