Un informe de los letrados propone eliminar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que hace referencia a la suspensión de los derechos de los diputados y diputadas en caso de que se abra juicio oral por un caso de corrupción. El documento de los servicios jurídicos, avanzado por 'El Periódico', considera que este artículo "no tiene ningún precedente ni referente al derecho parlamentario" y que presenta "serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia". Borràs tiene una causa judicial abierta por presunto fraccionamiento en la adjudicación de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los letrados exponen el informe a la reunión de la Mesa pero se ha de debatir en la Comissió del Reglament.

Bajo el título 'Propuestas jurídicas y técnicas de reforma del reglamento', los letrados desgranan en 180 páginas las modificaciones que creen que se tendrían que hacer para actualizar el actual reglamento. Uno de los cambios más polémicos que el documento pone sobre la mesa es el que afecta al artículo 25 del reglamento. Además de eliminar el 25.4, también se propone suprimir el apartado A del 25.1, que establece que los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos, "si es firme el acta de procesamiento o de apertura de juicio oral y el pleno del Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, a tenor de la naturaleza de los hechos imputados".

La Mesa del Parlament podría blindar este martes a Laura Borràs para evitar que pierda su acta de diputada

En cambio, se mantiene que los diputados pueden ser suspendidos "por acuerdo de Pleno, adoptado por mayoría absoluta, si han sido condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que imposibilite la asistencia a las sesiones plenarias".

El documento también propone cambiar el redactado del artículo 25.2 para que establezca que la suspensión "se pueda iniciar a petición del diputado afectado o de un grupo parlamentario, y que requiere la aprobación de un dictamen motivado de la Comissió de l'Estatut dels Diputats". También dice que "antes de la aprobación de este dictamen, se ha de dar audiencia por escrito al diputado en un plazo de cinco días".

La reforma que proponen los letrados también incluye un nuevo artículo que establece que el Parlament es "inviolable" y solo puede ser disuelto "antes del fin de la legislatura", en los supuestos establecidos por el Estatut. El mismo artículo añade que la cámara es la sede en la que "se expresa preferentemente el pluralismo" y se hace público el debate político.

Propone cambiar el redactado del artículo 25.2 para que establezca que la suspensión "se pueda iniciar a petición del diputado afectado o de un grupo parlamentario, y que requiere la aprobación de un dictamen motivado de la Comissió de l'Estatut dels Diputats" 

El informe también propone añadir, en el capítulo XII, una serie de "medidas excepcionales" para el funcionamiento de la cámara. El texto concreta que se regulen situaciones por "causas de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, crisis sanitaria, catástrofe, calamidad pública u otras situaciones análogas". En estos supuestos, los diputados y diputadas no se reunirían con "carácter ordinario".

En este sentido, se aplicarían "medidas excepcionales", y la iniciativa correspondería a dos grupos parlamentarios, a una quinta parte de los diputados o a la presidencia del Parlament. Finalmente, la Mesa adoptaría -por mayoría absoluta- el acuerdo para aplicar las medidas excepcionales, una vez escuchada la Junta de Portaveus.

El letrado mayor del Parlament, Miquel Palomares, expone en la reunión de la Mesa de este martes el contenido del informe. Pero es en el marco de la Comissió del Reglament donde los grupos han de debatir y votar una modificación del reglamento de la cámara. La Comissió del Reglament todavía no se ha reunido ninguna vez esta legislatura y está presidida por la propia presidenta del Parlament, Laura Borràs, y forman parte tanto los miembros de la Mesa como representantes de los diferentes grupos. 

Fuentes próximas a Borràs aseguran que fue la misma Mesa, en la reunión del  1 de septiembre, quien encargó el informe a los letrados. 

Aunque hay grupos que niegan que hi hubiese un acuerdo en estos términos. Según el reglamento, es el presidente o presidenta del Parlament quien tiene potestad para pedir informes a los servicios jurídicos de la cámara.

El PSC denuncia que "Borrás se extralimita"

El PSC-Units ha denunciado que las propuestas que incluye el informe de los letrados sobre la reforma del Reglament son "de parte", que "no son oportunas", y ha criticado que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "se extralimita" en sus funciones. La portavoz en el Parlament, Alícia Romero, ha admitido que su grupo está "desconcertado" con este informe y ha recordado que la iniciativa legislativa o las modificaciones corresponden a los grupos parlamentarios. 

Los socialistas también denuncian que el documento les llegó a menos de 24 horas de la reunión. Y han exigido a Borràs que "sea la presidenta de todos" y "dignifique el Parlament, no patrimonializándolo".

Romero ha recordado que, si se quiere hacer una modificación del reglamento, se ha de hacer una ponencia, conformado por los grupos parlamentarios, que lo analizarán y estudiarán. "Borràs se extralimita en sus funciones y no muestra respeto a los grupos parlamentarios, que son los que tienen la potestad", ha añadido.

La portavoz socialista ha lamentado que la petición de la Mesa a los letrados "va más allá" de modificaciones técnico-jurídicas. "Si hablásemos de lenguaje de género o cuestiones gramaticales, no estaríamos haciendo esta crítica", ha aseverado Romero. Y es que el informe propone eliminar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que hace referencia a la suspensión de los derechos de los diputados y diputadas en caso de que se abra juicio oral por un caso de corrupción.

"Este tipo de modificaciones no se pueden hacer bajo el paraguas de una modificación puntual técnica, que hacen los letrados", ha razonado Romero.

Los 'comuns': "La reforma está hecha a la medida de Borràs"

En Comú Podem ha denunciado que el informe de los letrados para la reforma del reglamento "está hecho a medida y a la carta" para la presidenta del Parlament, Laura Borràs. "Que no se cuente con nosotros, no daremos apoyo a una reforma del Reglament en beneficio propio", ha explicado el portavoz de los 'comuns' en la cámara, David Cid. 

En Comú Podem ha denunciado que el informe de los letrados para la reforma del reglamento "está hecho a medida y a la carta" para la presidenta del Parlament

El diputado ha dicho que están de acuerdo en mejorar el Parlament, pero en ningún caso "por la puerta de atrás" ni "vinculada a un caso concreto". Así, ECP no avalará "rebajar" la exigencia en la lucha contra la corrupción con la eliminación del artículo 25.4 del Reglament. Cid ha emplazado a Borràs a "dejar" de usar la cámara "como su casa": "Solo hace falta que ponga su fotografía en la fachada, al lado del escudo".

"Los letrados pueden hacer un informe y pueden sugerir, pero es extraño que de manera reiterada, cuestiones que son políticas se hagan a través de propuestas técnicas", ha argumentado Cid.

ERC discrepa de esta reforma del reglamento

ERC cree que el informe de los letrados sobre la reforma del reglamento del Parlament no solo hace propuestas técnicas sino también políticas. Fuentes del grupo parlamentario de ERC añaden que no es tarea de los letrados llevar la iniciativa política y que el debate se ha de hacer en el marco de la Comissió del Reglament.

Esta misma opinión es compartida por los anticapitalistas de la CUP: "El informe va más allá de cuestiones técnicas y es la comisión del reglamento la que tiene que abrir la ponencia conjunta para elaborar el texto de la reforma del reglamento".

"Como no se puede borrar el delito, se borra el reglamento" (Carlos Carrizosa, líder de Cs en el Parlament)

El líder de Ciutadans en el Parlament, Carlos Carrizosa, también se ha opuesto a estos cambios: "Borràs quiere reformar el reglamento de esta cámara por la puerta de atrás para quitar la palabra ''corrupción' y poder así atornillarse al escaño y cobrar lo que cobra. Tiene prisa porque el TSJC podría abrir juicio oral en cualquier momento. Y como no se puede borrar el delito, se borra el reglamento".