Al respecto, entienden que "es el momento para manifestar el hastío de las plantillas ante quienes toman las decisiones y ante quienes las acatan", ya que subrayan que en los últimos años se ha asistido a una serie de "compromisos incumplidos por parte de los cargos que asumen responsabilidades en la administración penitenciaria", según ha informado ACAIP en nota de prensa.

Al respecto, recuerdan que en el año 2017 los trabajadores de prisiones iniciaron un proceso de movilizaciones para alcanzar unas "mejoras necesarias" para los empleados penitenciarios que "llevaban más de 10 años paralizadas" pero de "nada sirvió, los esfuerzos fueron ineficaces", teniendo que convocar una huelga general en los meses de octubre y noviembre de 2018.

Sin embargo, recuerdan que el Gobierno central "no accedió a abrir la negociación".

Así, tras las elecciones de 2019 se reactivó la relación entre administración penitenciaria y sindicatos, lo que han admitido generó "muchas expectativas" en el colectivo, más aún con el impulso de una futura Ley de Función Pública Penitenciaria, que recogiera las reivindicaciones de los trabajadores pero "desde febrero de 2021 las negociaciones están totalmente paralizadas".

Ahora el viaje a Cuenca se enmarca en el conflicto laboral que ACAIP-UGT y CSIF declararon ante el ministro del Interior el pasado 23 de septiembre.

Actualmente, indican que las prisiones de Las Palmas tienen un déficit de personal del 9,89 por ciento a lo que "suma la escalada de conflictividad vivida por los tres centros de la provincia en el primer semestre del presente año" y que se ejemplifica en el centro penitenciario de Las Palmas II Juan Grande, donde señalan se han producido "cinco agresiones muy graves a trabajadores penitenciarios y una tentativa de motín resuelta por los funcionarios de Vigilancia Interior".

Finalmente, señalan que los trabajadores penitenciarios han demostrado "durante los momentos más duros de la pandemia su compromiso y su profesionalidad", por lo que consideran "de justicia" que se reconozca las reivindicaciones históricas del colectivo, tales como la condición de agentes de la autoridad, la formación universal, la cobertura de todas las plazas vacantes y la adecuación retributiva a las funciones que se realizan con la adscripción al grupo B del TREBP, así como la reclasificación de los centros penitenciarios para el "fin de las diferencias salariales" de los trabajadores en función del centro donde se preste servicio.