La Justicia condena al AMB a pagar casi 15 millones de euros a Aigües de Barcelona

  • La sentencia concluye que el AMB incumple sus obligaciones legales respecto al servicio público del saneamiento.
Cartel de la sede del AMB. (Foto de ARCHIVO) 18/12/2018
Cartel de la sede del AMB. (Foto de ARCHIVO)18/12/2018
E.P.
Cartel de la sede del AMB. (Foto de ARCHIVO) 18/12/2018

Nuevo varapalo judicial para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y sus máximos responsables, la presidenta, Ada Colau, y el vicepresidente del área de Ecología, Eloi Badia. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona ha dado la razón a Aigües de Barcelona y a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. obligando al AMB a cumplir el contrato concesional y, en consecuencia, a pagar aproximadamente 15 millones de euros por el saneamiento en alta prestado por la compañía, que consiste en canalizar y tratar las aguas residuales de los 36 municipios que conforman el área metropolitana.

La sentencia, que es recurrible en apelación en el plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), concluye que el AMB está incumpliendo sus obligaciones legales respecto al servicio público del saneamiento, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad del mismo al no garantizar las aportaciones económicas necesarias para su correcta gestión por la operadora Aigües de Barcelona.

En 2018, la compañía instó a dicho cumplimiento contractual solicitando el importe correspondiente al período comprendido entre 2014 y 2017. A esta primera reclamación le siguieron otras aún pendientes de resolución judicial, situando la deuda total del AMB en cerca de 30 millones de euros.

Estas reclamaciones fueron denegadas por el Consejo metropolitano y ahora el Juzgado Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona ha revocado aquella decisión, reconociendo el exigible cumplimiento contractual por parte del AMB de sus obligaciones económicas respecto al servicio de saneamiento que presta Aigües de Barcelona, incluyendo la exigencia de abono y derecho al cobro de la cantidad reclamada más los correspondientes intereses legales.

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