El Ministerio Fiscal sostiene que, el 11 de septiembre de 2017, el acusado, actuando como representante legal de una empresa con domicilio en Gijón, tras contactar con el matrimonio y firmó un precontrato con ellos por el que se comprometía a llevar a cabo la obra de ampliación de una vivienda, propiedad de la pareja, con contenedores marítimos, por un importe total de 28.350 euros.

La parte contratante debía entregar como parte del precio a la firma del contrato la cantidad de 15.000 euros. Así, el 27 deseptiembre de 2017, el matrimonio realizó una transferencia bancaria por importe de 15.000 euros desde de su cuenta corriente a la cuenta corriente de la empresa cuyo único representante legal y beneficiario era el acusado.

Este hizo suyo este importe, incorporándolo a su patrimonio sin que llegase a iniciar la cita obra en ningún momento y sin devolver el dinero.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y solicita que se condene al acusado a 1 año y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusadoindemnice al matrimonio con 15.000 euros, más los intereses legalescorrespondientes.