A tal efecto, recordemos que el pasado verano, agentes de la Policía Local de El Cuervo formulaban una denuncia contra Oliva, por una supuesta infracción grave de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) derivada de posibles obras sin la preceptiva licencia municipal en una parcela rústica cuya titularidad ostenta en un 50 por ciento este edil, denuncia que se sumaría a otras de índole similar en los últimos tiempos.

En concreto, y según fuentes del caso, estas obras e instalaciones acometidas supuestamente "sin licencia" habrían sido denunciadas por los agentes a tenor del artículo 207.3 de la LOUA, que califica como "infracciones graves" de la normativa urbanística autonómica "la ejecución, realización o desarrollo de actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación o cualquier otro de transformación de uso del suelo o del subsuelo, que estando sujeto a licencia urbanística o aprobación, se ejecuten sin la misma o contraviniendo sus condiciones, salvo que sean de modificación o reforma y que, por su menor entidad, no precisen de proyecto técnico, en cuyo caso tendrán la condición de infracción leve".

UNA INFORMACIÓN "ABSOLUTAMENTE FALSA"

Frente a ello, el portavoz del PP aseguraba entonces que no había sido denunciado ni tenía "conocimiento de la citada denuncia", defendiendo igualmente que había solicitado autorización para las obras en su finca. Así, avisaba de que la información publicada sobre el asunto era "absolutamente falsa".

Tras la citada denuncia de la Policía Local, el Ayuntamiento incoaba el mencionado expediente sancionador en contra el portavoz del PP por una posible "infracción urbanística", según fuentes consultadas por Europa Press, por la supuesta construcción de una losa de hormigón, dos casas prefabricadas y una piscina en "suelo urbano no consolidado careciendo de la preceptiva licencia municipal", siempre presuntamente, extremo que el Consistorio califica como "grave" conforme al contenido del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

PROPUESTA INICIAL DE SANCIÓN

Por ello, el citado expediente sancionador contempla una propuesta inicial de sanción de 21.982 euros correspondientes al 75 por ciento del valor calculado de las obras ejecutadas.

Frente a ello, el portavoz del PP ha expuesto que en el anterior mandato municipal, el entonces alcalde, Francisco Cordero (IU), quien cogobierna ahora con el PSOE; emitió "una circular" que regulaba la construcción de "estructuras fácilmente desmontables" en los sectores de suelo urbano no consolidado, ante la "gran demanda de viviendas en el campo con carácter provisional y por un plazo máximo de cinco años".

Dado el caso, según ha asegurado, él solicitó una licencia de obras para instalaciones provisionales "que fue admitida a trámite con el correspondiente pago de impuestos, tasas y fianza en octubre de 2019", tras lo cual ya en abril de este año, según ha relatado, el actual alcalde socialista desestimó dicha petición de licencia. Al respecto, ha asegurado que en el asunto pesan "informes del secretario del Ayuntamiento y el técnico de urbanismo que informaban favorablemente a otorgar la licencia".

"El alcalde se basa en un informe jurídico no exhaustivo de una técnica de la Diputación", ha indicado el edil popular, puntualizando que el Ayuntamiento no habría "facilitado toda la información a la Administración provincial y no tiene en cuenta los informes de los técnicos del Consistorio", cuando debe actuar "en línea con los informes" municipales.

Atisbando un posible "abuso de poder", el portavoz del PP ha asegurado que afronta una "guerra política" en su contra por parte del Gobierno local, contra el que ha anunciado acciones legales.