Piden cuatro años de cárcel para los dos acusados de estafar a un tercero aprovechándose de su situación de precariedad

La Audiencia de Baleares juzgará este viernes a dos acusados, un hombre y una mujer, por un supuesto delito de estafa, después de que aceptaran otorgar un préstamo de 1.600 euros a una tercera persona y, posteriormente, firmar ante notario cantidades económicas distintas. La Fiscalía pide para ellos cuatro años de prisión.
Piden cuatro años de cárcel para los dos acusados de estafar a un tercero aprovechándose de su situación de precariedad
Piden cuatro años de cárcel para los dos acusados de estafar a un tercero aprovechándose de su situación de precariedad
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Piden cuatro años de cárcel para los dos acusados de estafar a un tercero aprovechándose de su situación de precariedad

De acuerdo al escrito del fiscal, ambos acusados, con intención de obtener un beneficio patrimonial, se aprovecharon de la precaria situación de la víctima, que solicitó a ambos un préstamo por valor de 1.600 euros.

Para concedérselo, la pareja le requirió al mismo que remitiera la escritura de su vivienda, ubicada en Palma. Al parecer, éste acabó aceptando dicha operación, que se llevó a cabo posteriormente ante notario el día 7 de mayo de 2010.

No obstante, sin que la víctima se percatase, en dicha escritura se firmó, supuestamente, un préstamo de 14.000 euros, cuando en realidad le fueron otorgados 1.600, al tiempo que se firmaban dos letras de cambio -documento que garantiza que el deudor pagará al acreedor- por un importe de 2.000 y 12.000 euros, con vencimientos el 5 y 6 de septiembre, respectivamente.

El fiscal apunta también a que uno de los acusados le aseguró a la víctima que se pondrían en contacto para remitirle la documentación firmada, que finalmente no le fue entregada, y establecer las condiciones de devolución del préstamo.

Además, el escrito establece que el acusado endosó las letras de cambio firmadas por el perjudicado a dos empresas, así como a otras sociedades de las que el administrador único es el propio acusado.

Seguidamente, el 17 de febrero de 2011, una de las empresas interpuso ante los juzgados de Palma una demanda por la letra impagada de 2.000 euros. Años después, en mayo de 2017, otra de las entidades interpuso una nueva por el impago de los 12.000 euros.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y pide para ambos acusados una pena de cuatro años de prisión, así como que se declare nula la escritura del préstamo.

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