A lo largo de esta semana, cuando han tenido lugar las cinco primeras sesiones, los acusados han podido prestar declaración ante el tribunal, aunque la mayoría rechazó esta posibilidad.

Los pocos que sí lo hicieron negaron los hechos y se desvincularon del clan, así como de los delitos que se adjuntan a la causa.

Asimismo, varios policías han declarado en las dos últimas sesiones en calidad de testigos. Uno de ellos llegó a considerar que seis de los 23 acusados no tienen vinculación alguna con la supuesta actividad ilegal del clan.

Por contra, se mostró seguro de que los hechos constituían un delito de organización criminal, porque "había jerarquía de tareas, coordinación y pertenencia en el tiempo".

Este viernes, otros agentes que protagonizaron los registros domiciliarios han coincidido en que los objetos intervenidos podrían guardar relación con los delitos que se investigan.

LOS HECHOS

Atendiendo al escrito del fiscal, los hechos ocurrieron entre octubre de 2013 y mayo de 2014, cuando los acusados se dedicaban, presuntamente, a localizar viviendas desocupadas, cambiar sus cerraduras, acondicionarlas y alquilarlas de manera ilegal.

Al parecer, se aprovechaban de personas vulnerables, como menores de edad, migrantes o con pocos recursos económicos, que desconocían la titularidad real de las viviendas -la mayoría eran propiedad de entidades bancarias-.

Además, cuando había problemas con los pagos o se ponía en duda la titularidad de los pisos, los acusados, supuestamente, amenazaban a los inquilinos. Este último hecho fue ratificado por uno de los agentes que testificó en el juicio.

El Ministerio Fiscal asegura también que, en los contratos falsos que proporcionaban, incluían el precio de la luz y del agua, que adquirían presuntamente mediante enganches ilegales.

15 VIVIENDAS REGISTRADAS

En total, se llegaron a registrar 15 viviendas, aunque no descartan que puedan haber más. En ellas, los agentes intervinieron varios objetos sospechosos, como dinero, armas, cerraduras, cableados, panfletos en los que se anunciaba un alquiler, así como materiales de reforma o efectos relacionados con la fontanería y la electricidad.

Al parecer, 'Los Peludos' actuaban principalmente en la zona de Son Gotleu, aunque también en el barrio de la Soledad, Cala Mayor, Polígono de Levante o el Arenal de Palma.

Con todo, la Fiscalía pide para ellos 104 años de prisión y multas que ascienden a 190.000 euros, por los delitos de organización criminal, tenencia ilícita de armas, coacciones, usurpación de la vivienda y defraudación del fluido eléctrico y del agua.

Asimismo, se pide para todos -menos para uno- la prohibición de aproximarse al barrio de Son Gotleu durante un periodo de cinco años.