En nota de prensa, la formación 'popular' ha considerado este hecho como "motivo de preocupación para muchas empresas constructoras, que se ven obligadas a cumplir contratos de obras con condiciones anteriores a la situación actual del mercado".

"Las empresas no pueden repercutir los incrementos porque están sujetas a las condiciones establecidas y aceptadas en el momento de la licitación y se arriesgan, además, a penalizaciones por incumplimiento de contrato", han añadido.

Con todo, han insistido en que dichas empresas deben cargar "con el sobrecoste que se ha producido debido a la paralización del transporte, con el consiguiente desabastecimiento y también por la congestión provocada por la pandemia".

A todo esto, el PP ha sumado la aplicación de Ley de desindexación, "que mantiene bloqueada la revisión de precios", y el hecho mismo de que "en raras ocasiones entre en juego el recurso de revisar precios que consta en la Ley de Contratos del Sector Público".

Por todo ello, el Grupo Popular ha hecho eco de la "preocupación que hay en el sector" y ha querido alertar de esta situación al Govern, a quien ha pedido que sea "sensible a esta realidad".

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Sobre esto, el diputado del PP en Menorca, Lluís Camps, ha presentado una proposición No de Ley en el Parlament, por la que solicita que se reconozca "la enorme subida de precios en materiales y costes energéticos", así como el perjuicio que esta incidencia supone para las empresas de construcción y auxiliares.

Además, han pedido al Parlament que inste al Govern a revisar las condiciones de obras públicas en las que se esté produciendo un incremento inusual de costes, con intervención de colegios profesionales y asociaciones empresariales para buscar una propuesta justa y proporcionada.

"Se trata de que el incremento de costes no recaiga exclusivamente en el contratista", han detallado.

Asimismo, han solicitado que, en el caso de incumplimientos a consecuencia de estos incrementos desmesurados, no haya acción o penalización por parte de la Administración.

Con todo, para resolver cualquier posible diferencia que exista, el diputado ha pedido que se cree un sistema arbitral, para resolver posibles controversias sin tener que recurrir a la vía judicial.