En concreto, la diputada del PP María Helena Romero ha avisado de que los datos relativos a los centros asistenciales de la Diputación, que son el centro de personas mayores de Miraflores, la unidad de graves afectados de dicho recinto y el geriátrico La Milagrosa de Marchena, reflejan una "preocupante desproporción entre el número de personas atendidas y el coste de los servicios que se prestan".

En el caso del centro de personas mayores La Milagrosa, según Romero, en 2017 el coste por usuario era de 150.292,25 euros, indicativo que se elevaba a 179.394,81 euros en 2020, año en el que tenía ocupadas 20 de sus 37 plazas; mientras en el centro de personas mayores de Miraflores, en 2020 habría arrojado una "ocupación media" de 20 de sus 38 plazas y un coste medio por usuario de 226.977,88 euros.

LOS COSTES

Atisbando un "coste muy desproporcionado para las actuaciones realizadas", el PP ha avisado de que una "infrautilización" de estos recursos puede "hacer peligrar su viabilidad", por lo que reclamaba auditorías de la gestión de los centros asistenciales de la propia institución provincial, para mejorar su "eficacia y eficiencia, la acreditación de todos los centros de cara a la concertación de plazas con la Junta de Andalucía y una comisión de seguimiento en la materia.

Durante el debate plenario, la portavoz de Cs, Carmen Santa María, ha desgranado las gestiones y preguntas promovidas por su partido ante la institución con relación a esta situación, lamentando la supuesta falta de soluciones y avisando de que incluso los sindicatos alertan de "falta de voluntad" política del Gobierno provincial por el "futuro" de la residencia de personas mayores La Milagrosa de Marchena.

El diputado de Adelante y alcalde de Arahal Miguel Ángel Márquez, de su lado, ha visto especial significado en que el PP reclame auditar residencias públicas y no las privadas con plazas concertadas con la Administración, temiendo que los populares persigan una "externalización" de la gestión de estos centros, o sea su "privatización".

EL AÑO 2020

La diputada socialista de Cohesión Social e Igualdad, Rocío Sutil, de su lado, ha corregido diversos datos expuestos por el PP, considerando "malicioso" que dicho partido haya esgrimido cifras económicas de 2020, un año marcado por la irrupción de la pandemia, obligando ello a "reforzar" los servicios y recursos y con ello los gastos. "Los contagios por la pandemia provocaron muchas más sustituciones por bajas de lo habitual y no se permitían ingresos, excepto aquellos que indicó la Junta de Andalucía", ha aseverado.

Además, ha preguntado retóricamente "dónde está escrito que un servicio público tenga que ser rentable", precisando que en cualquier caso, "todas las diputaciones" que prestan estos servicios afrontan "la misma horquilla de costes" y agregando que la institución ya tiene acreditado para la concertación de plazas con la Junta a uno de sus tres centros y está haciendo lo propio con los dos restantes.

"Estamos garantizando una asistencia de calidad, disponiendo de los recursos humanos y materiales necesarios para atender de la mejor manera posible a las personas residentes y a las trabajadoras y trabajadores de los centros, aún cargando la Diputación con el 100 por ciento de los costes", ha aseverado.

Tras preguntar Sutil por el "modelo" de gestión que pretende el PP para estos centros, Romero ha asegurado que su partido no quiere la externalización de los mismos, opinando que en los mismos "otra gestión es posible".