El sector vitivinícola en La Rioja ha respaldado por "unanimidad" el rechazo a la marca 'Viñedos de España', que pretende reactivar el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y que "perjudica" a la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

Ésta ha sido la principal conclusión del encuentro mantenido hoy entre el Gobierno regional y las organizaciones profesionales agrarias y las asociaciones de bodegas comercializadoras, según destacó hoy en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore.

La postura común, en línea con la que ayer avanzó el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, refuerza las diez alegaciones que el Ejecutivo autonómico pretende trasladar mañana al MARM con el fin de que "se detenga" este procedimiento.

En caso de no lograrlo, está previsto solicitar "amparo" ante la Unión Europea ante el "incumplimiento" del reglamento de la Organización Común del Vino.

Nagore explicó que La Rioja es la primera comunidad autónoma que manifiesta su rechazo a 'Viñedos de España', que pretende impulsar el negocio de los vinos de mesa en mercados internacionales.

No obstante, el consejero de Agricultura explicó que Galicia, País Vasco y Castilla y León "no ven con buenos ojos" esta iniciativa.

En su intervención, Nagore explicó que esta iniciativa, similar a la acometida en 2006, "no conduce a ningún sitio y perjudica al sector".

El problema radica, en su opinión, en el modelo que se desea implantar para el vino en España, que debería estar fundamentado en la calidad y, en ningún caso, en los intereses de unos grupos empresariales que acumulan significativas cantidades de vino de mesa y desean darle salida en mercado internacionales.

Desde su punto de vista es preciso que el Gobierno central y el PSOE aclaren sus posturas en este controvertido asunto, que puede ocasionar una "competencia desleal", en caso de seguir adelante, o "desprestigiar" a los vino de calidad en España, si fracasa.

El Gobierno de La Rioja sostiene que la marca 'España' no se puede utilizar para "defender unos vinos sin unos mínimos de calidad".

La propuesta del Ejecutivo central supone un "contrasentido" a la Ley de la Viña y el Vino, así como al reglamento de la Organización Común del Mercado para este sector.

Ambos aspectos se detallarán en las alegaciones que el Gobierno regional remita al Ministerio.