El coste de estas visitas las asume hasta ahora el sistema público. Lo mismo pasa con muchas de las pruebas  que se prescriben desde una mutua o la sanidad privada y se realizan en los CAP.

La consellera Marina Geli reconoce a 20 minutos que el nuevo sistema de trabajo busca «afinar más» las castigadas cuentas de la sanidad. El responsable de atención primaria del Institut Català de la Salut, Ramon Morera, va más lejos al señalar que «muchas aseguradoras cobran por un servicio que acaban pagando los impuestos de todos los ciudadanos y eso no puede ser».

Cuando termine el año, Salut prevé recaudar 23 millones de euros por los servicios asistenciales extras y otros nueve por las pruebas que el ICS paga a mutualistas. En total, las arcas públicas recibirán una inyección de 34 millones de euros que, según Morera, servirán para mejorar una sanidad que arrastra déficit inversor en infraestructuras o en la compra de material y tecnología.

El déficit de los desplazados

Cuestión aparte es la atención de los no residentes. En 2002 se creó un fondo de cohesión de 60 millones de euros a través del cual el Estado compensa a las comunidades por los servicios a ciudadanos de fuera de su comunidad. El problemas es que lo que acaba por traspasarse no cubre gasto. Salut estimó que al año la deuda sube en 30 millones, cantidad que incluye también la asistencia a extranjeros no residentes. En los ambulatorios también han recibido la orden de identificar a estos usuarios y es posible que el año que viene Salut pase la factura a la correspondiente comunidad o país.