"Nuestros mayores están atendidos", ha comentado en una entrevista concedida a 'Cope Tenerife' y recogida por Europa Press en que la apunta que en el informe de la Diputación del Común no se incluye ninguna residencia vinculada al Cabildo.

No obstante, Franquet ha comentado que "es una obviedad" que faltan inspectores para hacer un seguimiento más "escrupuloso" de la actividad que se realiza en los centros, tanto públicos, como privados y concertados.

Ha indicado que esa falta de inspecciones "es reconocida por todos" y se agrava porque en los últimos años ha habido un gran crecimiento en el número de plazas, sobre todo privadas, y que "no ha ido aparejado" con el aumento de los medios de control.

Franquet ha apuntado también que Tenerife duplica el número de residencias privadas con respecto a Gran Canaria, algo que achaca a un "modelo de muchísimos años" en el que las políticas de mayores han tenido un "concepto de negocio" que tiene "costes a corto y largo plazo".

La consejera no duda de que es "legítimo" que las empresas puedan hacer negocio con estas instalaciones pero se corre el riesgo de que se olvide que se basan en un "derecho social de las personas" y que además no es "opcional" pues suele estar obligado por la falta de disponibilidad para atender a un mayor.

Sobre el informe de la Diputación del Común, ha apuntado que "el muestreo es pequeño" y no hay deficiencias en las 25 que se inspeccionaron aunque no obvia que desde que se incumplan los servicios en una "es suficiente" para generar la alarma.

Aún así, ha precisado que "no es una situación generalizada" y pide que "nadie piense" que los mayores de las islas "viven entre cucarachas, chinches y ratas" y no están bien alimentados y atendidos. "No es una realidad generalizada pero hay casos donde se debe intervenir", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que el informe corresponde a 2019 y a raíz de la pandemia de coronavirus se ha logrado "estrechar" la relación entre las administraciones públicas y las entidades y centros sociales con lo que el seguimiento que se hace es "más estrecho" y se obliga a cumplir con la calidad suscrita en los convenios concertados.

HAY QUE "TRANQUILIZAR A LAS FAMILIAS"

Franquet ha afirmado que la inspección de los centros recae en la comunidad autónoma aunque eso "no quita" para que el Cabildo, por ejemplo, tenga la "obligación moral" de saber qué ocurre en los centros y para ellos se están reforzando los equipos de trabajo en el IASS.

Con todo, la consejera socialista ha insistido en "tranquilizar a la familias" ante los "titulares" que han visto en los medios de comunicación y sostiene que brotes de sarna, por ejemplo, se pueden dar, porque en muchas centros se atiende a personas vulnerables, pero lo importante es disponer de "herramientas para actuar de manera inmediata y que no se extienda".