Los tres guardias civiles detenidos en una operación antidroga desarrollada esta semana en el Puerto de Marín (Pontevedra) iban a obtener un millón de euros a repartir por ayudar a introducir los 815 kilos de cocaína que fueron aprehendidos, informaron fuentes de la investigación.

Uno de los agentes de la Benemérita detenidos, el sargento José Antonio R.C. estaba destinado como jefe fiscal del puerto, mientras que Francisco E.E. es un brigada en situación de reserva.

Según las pesquisas, el abogado detenido en la operación, César Pérez Martínez, actuaba de enlace entre la banda de narcotraficantes y los guardias civiles, que resultaban fundamentales para que la droga fuese distribuida y eludiese los controles.Las fuentes consultadas investigan con cuantos envíos podrían haber colaborado en el pasado los agentes, que según los cálculos de los investigadores, cobraban entre el 17 y el 20 por ciento del precio de la droga a su llegada a España. Los

El cargamento

A raíz de diferentes movimientos de esta red, la policía localizó un cargamento en un contenedor en un polígono industrial de A Coruña. La mercancía legal declarada eran gambas congeladas, pero en las últimas cajas se hallaron 815 paquetes de cocaína de un kilo cada uno. Los detenidos importaban supuestamente la droga desde Ecuador y la colaboración de los guardias civiles garantizaba presuntamente su entrada en España "sin ningún tipo de control".

Fue el pasado mes de mayo cuando los agentes detectaron que una persona vinculada a la organización se había desplazado hasta Ecuador para supuestamente organizar 'in situ' un envío de cocaína. Los policías constataron que el cargamento había partido de Guayaquil (Ecuador), haciendo escala en Cartagena (Colombia), para arribar al puerto pontevedrés de Marín.