El mes de junio deja una ocupación turística del 58,2% en la provincia de Alicante, un 30% menos que en 2019

Los establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos de la provincia de Alicante han logrado en el mes de junio una tasa de ocupación del 58,2 por ciento, el mejor registro del año -supera a mayo en 13 puntos- y también el mejor dato desde el comienzo de la pandemia, por encima del de agosto de 2020, que se quedó a 0,9 puntos.

No obstante, esta cifra todavía está lejos de las alcanzadas en el año 2019, el último "normal" antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, según los datos de APHA. En aquel mes de junio, la tasa de ocupación se alzaba hasta el 86,8%, 28,6 puntos porcentuales por encima.

El panorama provincial revela algunas diferencias notables entre poblaciones. Así, la ciudad de Alicante ha logrado una tasa del 58,5%. Por encima de este valor están Xàbia (91,3%) y la Playa de San Juan (82,8%). Por debajo se encuentran Santa Pola (54,0%), El Campello (53,0%), Orihuela (51,6%), Guardamar del Segura (48,6%), Sant Joan d'Alacant (45,1%), los establecimientos de interior (42,3%), Villajoyosa (39,5%) o Elche (38,8%). Agrupadas por zonas, costas y playas llegan al 63,5% mientras que las poblaciones de interior se conforman con el 45,4%.

El origen de los viajeros es fundamentalmente nacional. Así, a diferencia de lo acostumbrado en una temporada "normal", la abultada proporción de turistas nacionales (64,5%) contrasta con la "debilidad" del mercado internacional (41,7%).

En concreto, de entre la clientela llegada de España, destacan los procedentes de Madrid (30,5%), de la propia Comunitat Valenciana (28,0%), Cataluña (9,1%), Castilla la Mancha (7,6%), Andalucía (5,4%) o Castilla y León (4,6%).

De los llegados desde fuera de las fronteras, los más numerosos son los procedentes de Francia (14,0%), seguidos de los de Reino Unido (9,2%), Alemania (7,6%), Italia (7,2%), Bélgica (6,8%), Países Bajos (6,2%) o Polonia (4,7%). En este sentido, APHA destaca el avance del público británico, que casi ha doblado su peso en un mes.

En general, las sensaciones han sido "positivas" para el sector, ya que, a pesar de la "anomalía" de un junio sin Hogueras y del "notable" grado de incertidumbre que caracteriza la desescalada, "mes a mes van recuperándose las cifras de ocupación" y el ambiente de los destinos "se acerca poco a poco a la normalidad".

PREVISIONES JULIO Y AGOSTO

Sin embargo, la asociación lamenta que la "dosis de optimismo" que inyecta el ritmo de vacunación frente al coronavirus "no logra despejar algunos nubarrones que oscurecen el panorama" de los meses de julio y agosto. Así, alerta, el "progresivo aumento" de casos positivos en España y su "utilización interesada por parte de algunos gobiernos y medios de comunicación europeos amenaza la temporada turística".

Asimismo, añade, las nuevas restricciones en los sectores de la hostelería y el ocio nocturno o las limitaciones de horarios o de movilidad que están encima de la mesa "vuelven a generar dudas" entre aquellos que planean viajar a la Costa Blanca u otros destinos.

De esta forma, y con "la cautela que exige la volatilidad del escenario actual", las previsiones de los hoteles y establecimientos alojativos de la provincia para julio situarían la tasa de ocupación en un 69,6%, mientras que para agosto se espera un 70,8%. El valor medio para los dos meses se situaría, por tanto, en un 70,2%.

MEJOR DISTRIBUCIÓN DE AYUDAS

Por otro lado, APHA, junto a un total de veinte asociaciones turísticas de toda España, ha firmado un manifiesto que reclama un cambio en las instrucciones que se han remitido a las comunidades autónomas ante la "reiterada negativa" por parte del Ministerio de Hacienda a modificar los criterios de concesión de ayudas directas al turismo.

Actualmente, el Ministerio sólo permite ayudar a empresas que tengan facturas pendientes de pago. Frente a esta situación, las asociaciones turísticas reivindican un cambio al respecto para que pueda llegar la ayuda a empresas que han abonado sus facturas.

De esta forma, explica, se eliminaría el "injusto agravio" que supone dejar fuera del plan a aquellas empresas que, "cumpliendo con la normativa de pago a proveedores, han hecho el esfuerzo de atender sus obligaciones de pago".

Para APHA, resulta "incomprensible" que fondos públicos cuyo destino es "aliviar la dramática situación" de empresas que han padecido "cierres obligados de hasta 16 meses y contribuir a su sostenibilidad" no lleguen a sus "legítimos" destinatarios "por culpa de un criterio arbitrario y alejado de la realidad empresarial".

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