La solicitud de investigación al Ministerio Público de Lugo ha sido anunciada por la portavoz de Ecoloxistas en Acción, Montse Valencia, que ha justificado el paso por considerar Illa Pancha "un espacio ambientalmente protegido".

Este islote se encuentra a dos kilómetros del núcleo urbano de Ribadeo. Alberga dos faros, uno de ellos construido en 1857, que más tarde fue sustituido por el actual a finales del pasado siglo.

En junio de 2015, la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao otorgó concesión de ocupación de dominio público portuario estatal a una empresa privada, sobre una superficie de 500 metros cuadrados.

Más tarde, el 1 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Ribadeo concedió una licencia de actividad para apartamentos turísticos en Illa Pancha quedando constancia del "libre acceso público".

No obstante, los ecologistas denuncian que en la actualidad no es posible acceder a la isla porque las puertas están "selladas con candado".

"Hemos ido primeramente a la autoridad portuaria pero no quedamos conforme con la respuesta que ha dado", ha señalado la portavoz del colectivo, que sostiene que el informe ambiental al que apunta la dirección de Ferrol-San Cibrao fue elaborado por la propia promotora del negocio.

"La normativa establece que ha de ser el órgano ambiental el que realice la evaluación de los posibles daños al espacio ambiental protegido", ha subrayado.

La ecologista avisa que "puede ser que el informe de impacto ambiental de la administración no contemple ningún daño directo", aunque el colectivo tiene la sospecha de que "no es así". "Ahora mismo está en funcionamiento otro hotel que ha hecho una fosa séptica que ni siquiera está legalizada", ha aseverado.

"Pero no es la única actividad que nos preocupa. Existen otras cuestiones que hacen pensar que Illa Pancha no está debidamente protegida por las administraciones competentes", ha continuado Montse Valencia, que apunta a la autoridad portuaria Ferrol-San Cibrao, dependiente del Gobierno central.

Valencia ha justificado que se acuda a "una instancia judicial (la fiscalía de Lugo) para ver si fuera de la vía legislativa se contempla la posibilidad de obligar a la administración ambientalmente responsable a realizar ese estudio de impacto medio ambiental".

Fruto del "estudio", todas esas actuaciones en dicha isla "podrían venirse abajo". "Si toda esta actuación en un espacio ambientalmente protegido y en un espacio público si no se contempla que se va respetar el estado de la isla, evidentemente la declaración de impacto medioambiental debería ser negativa", deduce.