La casa y el coche. Son los principales conceptos a los que se destinaron en 2008 la mayor parte de los préstamos pendientes de pago. El

48% de ellos se solicitaron para comprar la

vivienda habitual, frente al 26%  que fueron solicitados para adquirir un coche y el 12% para consumo general.

Así consta en la memoria 2008 del

Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que se ha presentado este martes. Ante la situación de

endeudamiento de las familias, CCU insta a conseguir un acuerdo general entre representantes de los usuarios y la banca, tutelado por la Administración, destinado a la refinanciación de las deudas. El 6% de los préstamos pendientes de pago en 2008 fueron solicitados para la

compra de una segunda vivienda, el 4,5% para "salir de un

apuro económico", el 3% por "otros motivos" y el 0,5% para alguna

celebración familiar.

El CCU atribuye el elevado

sobreendeudamiento a la

subida del precio de la vivienda, la relajación de las cautelas de las entidades financieras, las prácticas publicitarias agresivas de animación al crédito y las deficiencias e imprevisión de los consumidores. Asimismo, el CCU alude a la "

fiebre consumista desproporcionada" de los ciudadanos a pesar de que el Banco de España advirtió ya en 2003 de los riesgos del sobreendeudamiento. Así, la hipoteca media

en 1996 era de

47.378 euros, 18 años de amortización y una cuota anual de 3.756 euros, y en 2007 el importe ascendía a 149.000 euros, el periodo de amortización a 28 años y la cuota anual a 9.061 euros.

El estudio afirma que el 32% de los consumidores españoles descontrola el gasto, de los cuales el 45% tiene problemas importantes y el 3% llega a niveles que afectan su vida personal y social. Entre los 30 y los 49 años se produce el

mayor nivel de endeudamiento y los sectores más perjudicados son los

jóvenes y los inmigrantes.

Ante esta situación, el CCU insta al Gobierno a poner en marcha una

normativa específica de urgencia a la que puedan acogerse las familias que tienen problemas para hacer frente a sus deudas y ampliar las moratorias de pago. También solicita el establecimiento de

procedimientos de mediación y resolución de conflictos, medidas que agilicen el reflejo inmediato de las

bajadas de los tipos de interés y promover la actuación de las administraciones para evitar que las familias que no puedan pagar sus hipotecas sean desahuciadas.