Los vecinos afectados por la prolongación de Blasco Ibáñez podrían tener aún una mínima esperanza de poder conservar sus viviendas.

Y, paradojas de la vida, será el Gobierno de Zapatero el que tendrá la última palabra sobre la legalidad de uno de los proyectos estrella de la alcaldesa popular Rita Barberá.

Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública ayer en la que insta al Ministerio de Cultura a pronunciarse sobre si la ampliación de Blasco Ibáñez supone un expolio, y por tanto, es ilegal.

El origen de este fallo se remonta al año 2000. Entonces, los vecinos del Cabanyal ya reclamaron al Ministerio (gobernado entonces por el PP) que se pronunciara al respecto. Sin embargo, el departamento se negó alegando que al ser un plan urbanístico, la Generalitat Valenciana era la única competente.

Ante esta respuesta, la plataforma vecinal recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en septiembre de 2004 dio la razón a los residentes instando al Ministerio a pronunciarse sobre el presunto expolio. Tras la sentencia, tanto el Gobierno como la Generalitat elevaron un recurso de casación al Supremo que ha sido desestimado con esta resolución.

Tras conocerla, la asociación de vecinos del Cabanya se mostró satisfecha, aunque al mismo tiempo lamentaron que durante todo este tiempo se hayan derribado edificios emblemáticos como la Casa de la Palmera o el Miramar del Horno de la Estrella. Al mismo tiempo, instaron a los vecinos que estén negociando la venta de sus pisos a romper las conversaciones. Aún así, para un 60% de los propietarios de las 1.650 viviendas afectadas será demasiado tarde, puesto que ya han firmado la venta.

El Ayuntamiento no parará los derribos ya que "esta sentencia no pone en entredicho la legalidad del proyecto, que está avalado por el propio Supremo en su sentencia de marzo de 2008. Sólo deja que el Ministerio se pronuncie sobre un supuesto expolio en la zona protegida que supone un 5% de todo el plan".

Un informe interno informó contra el plan

La sentencia del Supremo pide al Ministerio que tenga en cuenta los diversos informes contrarios al plan del Cabanyal, el más importante, del arquitecto de la Conselleria de Cultura recogido en la sentencia: "La ejecución del proyecto destroza de forma irreparable el conjunto sin que suponga mejora para los elementos patrimoniales". Según los vecinos, este informe costó el puesto a su autor.

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