La magistrada Ana San José ha admitido la querella y ha abierto diligencias contra dos empresarios -Miquel Pascual y Onofre Pascual- y el exjefe de la Patrulla Verde Gabriel Torres, a raíz de una denuncia presentada por otro empresario, Bruno Da Silva.
Da Silva acusa a los competidores de haberle presionado a través de la Patrulla Verde para que cerrase su negocio. El denunciante asegura que el competidor trató de convencerle de traspasar su negocio, pero tras fracasar las negociaciones comenzó a recibir "visitas diarias y constantes de la Patrulla Verde".
El empresario mantiene que estas inspecciones constantes perjudicaron al establecimiento hasta que tuvo que cerrar.
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