Iba a suponer un empuje y una mejora de la calidad formativa de la Policía Nacional. Sin embargo, ha terminado provocando que "miles" de agentes se hayan quedado en el "limbo" y sin posibilidad de promocionar, viendo truncadas sus opciones profesionales de futuro. Es el diagnóstico que hace el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la Ley Orgánica de Régimen de Personal del cuerpo, que introducía como principal novedad la necesidad de que los policías tuviesen un grado universitario para ascender. Ese cambio normativo debía ir acompañado de la creación de una universidad, pero ese compromiso no se ha materializado seis años después.

"Es como si un corredor empieza una maratón de 42 kilómetros y cuando lleva 30 le dicen que aumentan 10 kilómetros más la distancia", asegura José Carlos Jiménez Garrido, secretario de Formación del SUP, que denuncia que no solo se ha truncado el futuro profesional de esos agentes, sino que además no se les ha dotado aún hoy de las herramientas necesarias para poder obtener los requisitos necesarios para seguir escalando en su carrera profesional.

El articulado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio de 2015, cuando aún gobernaba Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior. El texto llevaba aparejado un plazo de cinco años de moratoria para su entrada en vigor. Tal y como recuerda Garrido, secretario de Formación del SUP, su sindicato votó en contra del articulado por dos motivos. En primer lugar, sostiene, suponía el peligro de no aprovechar el talento que hay dentro del cuerpo. El sindicato expone como ejemplo la carrera de un subinspector con 25 años "de servicio intachable, cerca de 100 detenciones y decenas de recompensas por su trabajo que no puede ascender por no tener título universitario". Garrido también expone su temor a que ocurriese lo que, según expone, ha terminado pasando.

“Sabiendo cómo funcionan a veces las administraciones, temíamos que llegase el fin de la moratoria sin que se hubieran dado las herramientas necesarias para que aquellos compañeros que no estuvieran cualificados académicamente pudieran encontrar una solución”, expone en una conversación con 20Minutos. Esas "herramientas" que Garrido narra están estipuladas en la ley. Primero, el Ejecutivo se comprometía a establecer "acuerdos, convenios y colaboraciones" con otras administraciones para "establecer una malla curricular". También, a crear la anteriormente mentada universidad de Policía que, tal y como insiste Garrido, sigue paralizada. Recalca en este punto lo "necesaria" que es: si bien para ser oficial no se ha de tener un grado universitario, ahora sí es condición 'sine qua non' para ascender al puesto de subinspector y derivados (inspector, inspector jefe, comisario y comisario principal).

Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior y la Policía para conocer en qué punto está el compromiso de crear la universidad para estos policías, pero no ha recibido respuesta. La última vez que desde el cuerpo hicieron referencia al centro universitario fue en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados de diciembre de 2020. Entonces, el director general de la Policía, Francisco Pardo, anunció la disposición de una partida de 4 millones de euros en los Presupuestos de 2021 para la construcción del centro universitario. "Partimos de un buen nivel [de formación] que debemos mejorar porque esta es una de las claves del futuro", señaló.

No obstante, en otra comisión del ramo celebrada en mayo de este año, desde el PP denunciaron que esos 4 millones no están reflejados en las cuentas estatales. La diputada del PP Alicia García Rodríguez, que fue ponente de un borrador similar que se preparó en 2018 pero que no llegó a aprobarse, expuso que solo había una partida presupuestaria de 100.000 euros bajo el nombre de "Reforma general de la Escuela Nacional de Policía de Ávila". Además, también aseguró que, al preguntar al Gobierno, el Ejecutivo "no concretó actuaciones ni inversiones", más allá del Plan de infraestructuras en la ciudad abulense, dotado con 15 millones entre 2019 y 2025. "Ni rastro de los 4 millones y ni rastro del centro universitario", concluyó.

La otra polémica: la deslocalización de la formación

No es la única polémica que, aún sin crearse, ha traído consigo el centro universitario policial. En el borrador de su creación realizado por el Gobierno al que ha tenido acceso este diario, se confirma que se ubicará en Ávila, donde está la Escuela Nacional de Policía, lugar de formación para los opositores que han aprobado la parte teórica. El temor de los populares es que, en otro de los artículos del borrador, se habla de la creación de subsedes, por ejemplo, en Carabanchel (Madrid). "Los abulenses queremos que el centro universitario esté ubicado en su totalidad en Ávila, es lo lógico, al igual que en Aranjuez está el Centro Universitario de la Guardia Civil desde 2009", expuso en otra ocasión esta diputada.

Por su parte, Garrido declara que, si bien no hay un criterio unánime al respecto por parte de las organizaciones sindicales, sí es mayoritaria la posición favorable a que se sitúe exclusivamente en Ávila. También el responsable de Formación del SUP tacha de "lógica" esa decisión pues, además, debería trabajar "de la mano" con la Escuela Nacional. Eso sí, sea en Ávila o en Carabanchel, su prioridad número uno es que se termine creando una universidad que "llega años tarde".