El grupo parlamentario de Vox ha bloqueado la posibilidad de que el Parlament de Catalunya hiciese una declaración institucional contra los ataques homófobos a raíz de los ocurridos este fin de semana en Barcelona, y finalmente se hará una declaración de la Junta de Portavoces.

Fuentes parlamentarias han explicado este martes que las declaraciones institucionales se deben votar en el pleno y solo se aprueban si hay unanimidad de todos los grupos parlamentarios, por lo que este miércoles el plenario no podrá votar esta declaración por la discrepancia de Vox.

La declaración aprobada por la Junta condena las agresiones, expresa apoyo a las personas discriminadas por su orientación sexual e identidad de género y emplaza a las administraciones públicas a trabajar "contra la erradicación de la LGTBIfobia".

El grupo parlamentario de Vox se ha mostrado en desacuerdo con los párrafos de la declaración que hacen referencia al impulso de leyes para avanzar en la no discriminación y el desarrollo de políticas públicas, según han explicado las mismas fuentes.

15 comisiones legislativas

La Mesa también ha admitido la propuesta de resolución para constituir las comisiones legislativas del Parlament, que se votará en el pleno de este miércoles, y que corresponderán a las 14 Consellerias de la Generalitat, aunque las de Agricultura y Medio Ambiente irán por separado, por eso habrá 15 comisiones.

La composición de las comisiones legislativas se decidirá fruto de un acuerdo entre los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, y se prevé que la semana que viene se puedan constituir.

Además, la Mesa del Parlament presentará alegaciones ante el Tribunal Constitucional contra la admisión a trámite de una cuestión de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley del Parlament 12/2009 de Educación.

Las mismas fuentes han explicado que la Mesa ha acordado presentar alegaciones y que se trata de los apartados 2, 3, 4 y 5 de acompañamiento educativo de esta Ley, y han concretado que la cuestión de inconstitucionalidad ha sido planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La Mesa también ha admitido 9 propuestas de resolución más y se ha aprobado que la Cámara catalana suscriba un convenio de colaboración con el Congreso de Nueva Caledonia, con el voto en contra de los miembros socialistas de la Mesa.