El ex teniente alcalde de Arrecife y el asesor del Patronato de Turismo entran en prisión

  • Ambos cargos están acusados de delitos de cohecho.
  • También se decreta prisión para el ex concejal de Urbanismo.
  • Por la 'operación Unión', un presunto caso de corrupción urbanística destapado esta semana, se han detenido ya 18 personas.
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Un miembro de la Guardia Civil porta documentación durante el registro del Ayuntamiento de Yaiza.
Un miembro de la Guardia Civil porta documentación durante el registro del Ayuntamiento de Yaiza.
Martínez de Cripan / EFE

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife ha ordenado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, por supuestos delitos de cohecho del ex primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, y el asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo.

El juez también ha ordenado el ingreso en prisión del ex edil de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), acusado del mismo delito.

Así lo informó en un comunicado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en relación a las declaraciones que se realizan en Arrecife en el marco de la "Operación Unión", contra una trama de corrupción municipal y urbanística destapada en la isla.

El TSJC comunicó horas antes que el juez ha dejado en libertad con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos, Alfredo Santiago Rodríguez, trabajador del Patronato de Turismo de la isla.

Este imputado fue detenido en la primera fase de la operación, desarrollada el pasado lunes y que se saldó con once detenciones tras el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, mientras que el jueves se produjeron otras siete detenciones al hilo de otro registro en el Ayuntamiento de Yaiza, un municipio del sur de la isla.La "Operación Unión", en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios,

empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.
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