En concreto, se pedía al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón un seguimiento "serio e independiente" sobre el impacto en el mercado de las importaciones de países terceros para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los tratados, que se debería solicitar con tiempo suficiente a la producción de daños.

La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU. El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha incidido en que la soberanía alimentaria, española y europea, "no puede estar en manos de otros países" y ha solicitado aplicar "las medidas necesarias para proteger el producto alimentario y a nuestros agricultores".

A su entender, los poderes públicos "no pueden hacer una dejación de funciones, sino que deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el producto agroalimentario y hortofrutícola español y europeo, que es de gran calidad y respetuoso con el medioambiente", así como defender "a nuestros agricultores que han demostrado ser un pilar esencial digno del mayor reconocimiento".

Morón ha manifestado que los agricultores españoles "se están arruinando y están abandonando sus campos", como lo refleja que en la última década el número de hectáreas abandonadas se haya incrementado, para añadir que en Aragón la renta de referencia tan solo la alcanza o supera el nueve por ciento de las personas físicas beneficiarias de la PAC, fijada en 28.725,31 euros por el Ministerio de Agricultura.

"Este contexto no ayuda al mantenimiento de los cultivos, ni a la salvaguardia del relevo generacional ya que muchos jóvenes huyen de un negocio que arrastra graves problemas de rentabilidad", ha sostenido el parlamentario de VOX.

ESFUERZO

La diputada del PSOE Ana Arellano ha asegurado que el Gobierno de Aragón "está haciendo un gran esfuerzo de promoción con campañas como 'Aragón, alimentos nobles', que logró un aumento de 23 puntos de notoriedad de los productos aragoneses".

El parlamentario del PP, Joaquín Juste, ha estimado que esta iniciativa plantea "un debate nacional que excede de nuestras competencias" y ha pedido que las "distorsiones" de los mercados "sean compensadas a través de fondos europeos, pero no con la Política Agrícola Común".

El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha esgrimido: "Si tenemos este modelo, es porque se ha demostrado, incluso con sus deficiencias, que es el más eficaz", mientras que el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha señalado que los gobiernos "están supervisando las importaciones" y "los agricultores y ganaderos piden precios justos para alcanzar rentas justas".

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha considerado que hay que apoyar al pequeño agricultor "y buscar el consumo de proximidad", a la vez que se debe "actuar en los precios para evitar los abusos que se producen".

La diputada del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha señalado que gran parte de las propuestas de la proposición no de ley "ya se están realizando" por parte de los gobiernos y que la política comercial "es competencia exclusiva de la Unión Europea".

El representante de IU, Álvaro Sanz, ha estimado que el problema es un modelo "en el que hemos puesto en manos de un mercado internacional algo tan básico como es la alimentación" y ha aportado como solución un cambio del mismo "que ponga en el centro al agricultor".

PROPUESTAS

La proposición no de ley de VOX pedía, además de lo ya indicado, seguir promocionando por parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente el consumo de los productos de cercanía mediante campañas dirigidas a promocionar los productos autóctonos.

Asimismo, solicitaba instar al Gobierno de la nación para requerir en las instancias europeas la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que afecten a este territorio.

Según la propuesta, la UE "debe aplicar las defensas comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en el campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas".

VOX también apostaba por que la UE intensificara la aplicación de los protocolos de control sanitario en la frontera para garantizar que el producto importado está libre de patógenos y plagas, y establecer el principio de reciprocidad, así como no permitir residuos de principios activos prohibidos en la Unión Europea.

Además, se reclamaba una campaña para informar al consumidor de las sustancias prohibidas por la Unión Europea "y que terceros países siguen utilizando en sus procesos de producción agrícola, lo que genera que el coste de producción se abarate".

Por otra parte, proponía acuerdos con mercados alternativos de países extracomunitarios "para conseguir colocar el exceso de demanda que tenemos actualmente en España", así como los productos excluidos de la lista de productos por el veto ruso.

REVISIÓN DE TRATADOS

La iniciativa de VOX pedía, igualmente, reclamar a la Comisión Europea la revisión urgente de los Tratados de librecomercio vigentes para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas que, según el estudio de impacto, se demuestre que están siendo perjudicados por la importación desde esos terceros países.

Otras propuestas eran promover la compensación con fondos europeos de la PAC, en la cuantía que se estime, el perjuicio causado a la producción española y europea, en tanto se renegocian los acuerdos internacionales y no ratificar el acuerdo de MERCOSUR con la actual redacción porque los productos agroalimentarios y sus transformaciones industriales "deben salir del acuerdo o que aparezcan como productos sensibles y se les marque unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen la producción europea".

Finalmente, apostaba por reactivar las negociaciones bilaterales y de la Unión Europea con las autoridades estadounidenses, al igual que hicieron otros países como Italia o Grecia, para conseguir levantar los aranceles impuestos a los productos agroalimentarios españoles.