El juzgado de Sigüenza que investiga el incendio ocurrido en Riba de Saelices (Guadalajara), en julio de 2005, ha dado por concluida este jueves la fase de instrucción y ve indicios de delito en

veinte personas. Entre ellas se encuentran la ex consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha,

Rosario Arévalo, y el que fuera director general del Medio Natural,

José Ignacio Nicolás.

Horas después de conocerse su imputación, este último ha presentado su dimisión de su actual cargo como

director general de Política Forestal, una noticia que ha hecho pública en rueda de prensa el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha,

José Luis Martínez Guijarro.

En un auto dado a conocer a través del Tribunal Superior de Justicia, la jueza María del Mar Lorenzo archiva

la causa para nueve de 29 imputados, entre ellos, Emilio Moreno, el guarda de la Cueva de los Casares, lugar donde se originó el incendio, y la mayoría de los excursionistas que prendieron la barbacoa causante del fuego, en el que murieron once personas de un retén. En el incendio fallecieron

11 personas.

La jueza ve indicios de delito de incendio forestal por imprudencia grave en las veinte personas imputadas, pero en el caso de los siete técnicos de la Junta responsables de la gestión del incendio (seis de ellos de Medio Ambiente y uno del 112), cree que han podido cometer, además de ese delito, otros contra los

derechos de los trabajadores y de homicidio por

imprudencia profesional.

Entre los imputados por delito de incendio forestal por imprudencia grave está la ex consejera Arévalo y José Ignacio Nicolás, por entonces director general de Medio Natural. También están en la misma situación

Rafael Ruiz, que era director del parque natural del Alto Tajo; Sergio David González, que era delegado de Medio Ambiente en Guadalajara cuando ocurrieron los hechos, el 16 de julio de 2005 y José Luis Samper, que era alcalde de La Riba de Saelices (Guadalajara), localidad origen del suceso.

Después de casi cuatro años de instrucción, la jueza explica en su auto que el delito de incendio forestal no debe circunscribirse sólo a prender fuego, sino, que en él se engloban

otros comportamientos activos y pasivos.

La jueza reprocha a la ex consejera y al resto de cargos políticos de la Administración regional la

ausencia de medidas para controlar y

vigilar las barbacoas, la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de Incendios Forestales, así como defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio.

En el caso de los siete técnicos que dirigieron la extinción, la jueza ve una ejecución defectuosa el Plan de Emergencias, una

"movilización tardía" de medios humanos y materiales, defectos en la dirección y coordinación de los medios existentes y deficiencias en la solicitud de refuerzos, como se desprende -dice la jueza- de sus propias declaraciones en el juzgado.

Ahora, la jueza da traslado al fiscal y a las partes personadas que dispondrán de un

plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.