"El hecho de extender la 'Zona 30' y la 'Zona 20' es una decisión estupenda porque la acción lleva aparejada una reducción de la contaminación atmosférica, y más aún en el centro de las grandes ciudades", ha destacado a Europa Press el portavoz de la organización ecologista, Eduardo González.
Para el citado colectivo, se trata de una medida positiva porque "está constatado que hay una relación directa entre una menor velocidad en el tráfico rodado y la contaminación. Así, por debajo de 70Km/h se produce una reducción del 20 por ciento", ha afirmado González. De esta forma, "pacificamos el tráfico al no haber grandes aceleraciones".
El portavoz de la organización también ha señalado que el plan de movilidad de Sevilla ya contemplaba medidas de esta naturaleza. "La prioridad de las grandes ciudades debe ser el transporte público y otros modelos, como las peatonalizaciones o la apuesta por la bicicleta". El objetivo final debe ir encaminado hacia la reducción del tráfico y el fomento de un medio de transporte sostenible "para cumplir con los objetivos de cambio climático decretados por la Unión Europea".
De su lado, desde la asociación A Contramano, que defiende los intereses de los usuarios de la bicicleta como modo de transporte cotidiano, la nueva normativa de la DGT se ve con "optimismo", si bien echan en falta que se mejoren las perspectivas acerca del "porqué de esta medida".
"Es una norma que suma. En esos espacios de un solo carril por sentido coexisten muchas personas, no solo vehículos sino peatones, usuarios de patinetes o personas con movilidad reducida", señala el presidente de este colectivo, Juanma Mellado, a Europa Press.
Además, "no solo afecta a la contaminación atmosférica y a la mortalidad en los accidentes de tráfico -con la bajada de los límites de velocidad máxima en las ciudades también se reduce un 80 por ciento el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello, según datos de la DGT- sino que contribuye a que haya menos contaminación acústica".
Por todo ello, desde A Contramano instan a los ayuntamientos a que impulsen un cambio de diseño de las calles de las grandes ciudades y a "naturalizar" un modelo urbanístico que apueste por la sostenibilidad. "No se trata de culpabilizar al conductor del vehículo privado", ha añadido.
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