Según ha manifestado, si desde la Comunidad se inicia ese procedimiento la vivienda en la que se encuentren los okupas no tendría derecho a los suministros básicos. "Cuando una vivienda no tiene la condición de habitable no puede tener ni agua ni luz ni gas. Se le puede ordenar a los suministradores, a los comercializadores o a los distribuidores que así lo practiquen".

Ese sería, ha dicho, "el conducto oficial", aunque en segunda instancia ha matizado que en estos casos se podría "constituir un delito de desobediencia a la autoridad".

Según ha dicho, las leyes de Vivienda o la de Ordenación Territorial de la Región son "un apoyo muy normativo para que pueda establecerse ese procedimiento".

Durante su comparecencia Hernández también ha aportado ideas para acercar al ciudadano al Colegio de Abogados ante este tipo de situaciones. "Se podría hablar con el Colegio de Abogados para establecer una lista de profesionales expertos en esta materia y que los afectados puedan acudir al colegio a asesorarse", ha dicho añadiendo que esto podría servir también de ayuda a los afectados.