Esta posibilidad está incluida en una modificación de la Ley de Transporte Marítimo promovida en el Parlamento regional por Coalición Canaria y que fue admitida este jueves a trámite por el pleno de la Cámara, con el beneplácito del Gobierno canario y la abstención del PSOE, que apoyó el contenido pero mostró dudas sobre la viabilidad jurídica de la iniciativa
La diputada de CC Belén Allende, que defendió la propuesta, explicó que se trata de evitar que si un armador que cubre una línea de servicio público deja de operar, ese servicio quede sin ser prestado mientras se vuelve a convocar y adjudicar el contrato.
En ese caso, el Gobierno de Canarias podrá otorgar una autorización provisional con compensación económica al armador o armadores que estén dispuestos a prestar el servicio entre tanto se resuelve el concurso.
Situaciones excepcionales
Según Allende, se trata de "dar cobertura legal a situaciones excepcionales de incomunicación", que pueden afectar sobre todo a islas como El Hierro, La Graciosa o recientemente a La Gomera en el trayecto de Valle Gran Rey a Los Cristianos (Tenerife).
El diputado del PSOE Julio Cruz se mostró de acuerdo con la intención de la propuesta, pero advirtió de que es preciso que la redacción final del cambio legal sea muy meticulosa para evitar posibles contradicciones con las disposiciones europeas, por lo que pidió que se recabe un informe del Consejo Consultivo durante el trámite parlamentario.
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