Así lo han acordado todos los grupos parlamentarios durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles, donde se ha ratificado el acuerdo adoptado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del pasado mes de marzo.
En concreto, el informe 185/2021 por el que piden su comparecencia ratifica que la oficina cumple con sus funciones en contratación, gestión del personal y gastos de personal asociados, por lo que actúa de acuerdo con la normativa legal.
Para realizar este informe, se instó a la Sindicatura de Cuentas autonómica a llevar a cabo una auditoría de cumplimiento de legalidad anual en la oficina, para comprobar si ésta cumplía las disposiciones legales y reglamentarias.
Esta solicitud fue presentada por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca y Vox.
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