Asimismo, desde el Gobierno autonómico responden a las criticas de Podemos al procedimiento diciendo que dicha inquilina no pagó ningún recibo de alquiler y tenía problemas de convivencia con los vecinos.

En concreto, se apunta que "a la inquilina se le adjudica la vivienda pública de Vipasa en régimen de alquiler, con precio tasado acorde a sus ingresos, el 24/10/2019, por ser víctima de violencia de género" y en enero de 2020 "se le gira el primer recibo y no ha pagado ninguno hasta fecha de hoy".

"La inquilina adeuda, por tanto, 19 recibos de alquiler, además de los correspondientes al pago de la comunidad y otros 5 correspondientes a consumos", señalan desde la Consejería de Melania Álvarez.

Asimismo, explican que "desde Vipasa se le notifica la deuda por primera vez en mayo de 2020 y la inquilina adquiere el compromiso de pagar un recibo atrasado además del correspondiente al mes en curso, se le envía un acuerdo de pago para que lo remita firmado, pero no se obtiene respuesta". "En julio de 2020 desde Vipasa se le envía, nuevamente, una carta de reclamación de la deuda y tampoco se obtiene respuesta", añaden desde el Principado.

Además, el Ejecutivo autonómico expone que ese mismo mes de julio, "los vecinos del edificio notifican a Vipasa problemas de convivencia, y el inspector se traslada al inmueble corroborando en su informe que la titular alquila habitaciones y constatando la intervención policial, en varias ocasiones, por los mencionados problemas de convivencia".

"En septiembre de 2020 se propone para demanda el caso y la titular requiere expresamente al juzgado que no se dé traslado a Servicios Sociales (consta el informe oficial en Vipasa)", añaden desde la Consejería, para concluir que "en febrero de 2021, los vecinos del bloque derivan a Vipasa que los conflictos con esta vecina son "constantes" y constan amenazas, tanto de ella como de su pareja hacia el resto de inquilinos".