En una sentencia dictada el 2 de noviembre de 2004, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco impuso esta pena al ex compañero sentimental de Begoña, Gabriel Pérez Cortés, por un delito de asesinato alevoso con la circunstancia agravante de parentesco.

Según el relato que el fiscal ofreció en el juicio por la muerte de Begoña, el 23 de agosto de 2002 la pareja inició una discusión en el domicilio familiar que ambos compartían en la calle Baskonia de Basauri, durante la cual Gabriel propinó a la mujer "toda suerte de golpes en distintas partes del cuerpo".

Begoña consiguió huir y se refugió en la vivienda de una vecina, pero "el agresor tiró la puerta abajo, agarró a la víctima de un brazo, la sacó al pasillo y le asestó ocho puñaladas, dos de ellas mortales de necesidad".

El hombre fue detenido días después cuando acompañó a su hermana a la sede del departamento Foral de Acción Foral para que solicitara la custodia de los hijos.

Según informó este lunes la Alcaldía de Basauri en una nota de prensa, la sentencia del Tribunal Supremo pone fin a un proceso judicial en el que el Ayuntamiento de Basauri ha sido el primero del Estado en presentarse como acusación particular, una labor que ha desempeñado junto a la Asociación de Mujeres Clara Campoamor.

El Consistorio de Basauri optó por personarse como acusación particular en este caso ante, según la nota de prensa, la "creciente conciencia social" existente contra la violencia de género y al estimar que el asesinato de Begoña trasciende del "ámbito meramente privado al público".

Según el comunicado, el Ayuntamiento de Basauri continuará adoptando "cuantas medidas sean precisas" para que la violencia de género sea erradicada en esta localidad.

En declaraciones a EFE tras conocer el fallo del Supremo, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, expresó su satisfacción por una sentencia que, según dijo, posibilitará que el asesino "cumpla su condena". De la misma forma, alabó que haya sido condenado por asesinato y no por homicidio, como demandaba la defensa, y apuntó que, "cuando la administración y la sociedad civil se unen en un mismo proyecto requiriendo justicia, al final las cosas salen bien".

Durante el juicio, el fiscal pidió 15 años de prisión para Gabriel por haber matado y apuñalado a su compañera, mientras que la acusación particular exigió 25 años de cárcel por considerar que había cometido un asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento.

La defensa, por su parte, rebajó la pena a un año de prisión al estimar que había sido homicidio imprudente.

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