La responsable de Educación del partido, Noelia Carbonell, responsabiliza directamente a López Miras de la entrega del sistema educativo "a los fanáticos ultraderechistas, poniendo en riesgo el carácter inclusivo y democrático del sistema educativo en la Región".

Veto parental, cheque escolar, inaplicación de la Ley Orgánica de Educación en la Región de Murcia todos los anuncios realizados por la ya consejera de Educación "son un ataque frontal al modelo educativo imperante en nuestro país y recogidos en la Constitución".

En concreto, el veto parental, que no dispone de amparo alguno en el ordenamiento jurídico español, "supone un ataque a la libertad de cátedra y al ejercicio de la libertad docente recogidos en la Constitución Española".

"Esto es incompatible con la autonomía pedagógica de los centros educativos recogidos en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación, y supone un atentado sin precedentes al ejercicio del Derecho Fundamental a la Educación de los menores en nuestra región. Derecho que está por encima de cualquier supuesta libertad de padres y madres para impedir que sus hijos reciban la educación y formación en los valores constitucionales", ha añadido.

Para Carbonell, "el reclamo político a la supuesta libertad de las familias no puede bajo ningún concepto poner trabas al aprendizaje recogido en el currículo y, mucho menos, condicionar sus contenidos, especialmente en aquellos aspectos desarrollados por las actividades complementarias que tienen que ver con la coeducación, la educación afectivo-sexual, el aprendizaje de los diferentes modelos de familia, de la expresión de género o de cualquier otra cuestión que implique una educación en valores".

Asimismo, según la responsable de Educación de Más Región, "después de 25 años de un desmontaje progresivo del sistema público por parte de los gobiernos del PP", el anuncio de la implantación del veto parental, el cheque escolar o el anuncio de pretender homologar las condiciones de acceso a la función pública del profesorado privado y el público en la región, "colocan al gobierno regional de López Miras fuera de la Constitución Española, por lo que es exigible al Gobierno de España, que en cuanto comience a publicar órdenes e instrucciones active la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española y recurra todas las iniciativas contrarias a nuestro marco de convivencia".