La Fiscalía cifra el quebranto económico para las arcas públicas en casi 700.000 euros, y pide penas que suman 15 años de prisión por un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de estafa.

El fiscal acusa a las administradoras de la agencia de viajes, con sede en Sant Llorenç, de haber confeccionado certificados de residencia falsos del Ayuntamiento de Son Servera entre los años 2007 y 2012. Según el fiscal, los utilizaron para que sus clientes no residentes en Baleares pudieran viajar con descuento -entonces del 50 por ciento-.

La acusación sostiene que era una empleada de la empresa quien elaboraba el certificado valiéndose de un documento al que adjuntaba informáticamente firmas del Ayuntamiento de Son Servera, con un sello oficial. La Fiscalía señala a un policía local de Son Servera como la persona que habría facilitado el sello.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita una multa y que se inhabilite profesionalmente a las tres mujeres en el sector de las empresas de viajes, así como una inhabilitación al policía para el empleo público.

Igualmente, exige que indemnicen al Ministerio de Transportes por los perjuicios causados, que cifra en 695.999 euros, más los intereses.

La Fiscalía aprecia una atenuante de dilaciones indebidas.