Así lo ha anunciado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, tras la reunión que ha mantenido con la alcaldesa de Gandia (Valencia), Diana Morant, para abordar la situación de playa de l'Auir. Al encuentro ha asistido también la secretaria la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Imma Orozco.

El titular de Política Territorial, en declaraciones a los medios de comunicación, ha puesto a este enclave de la Safor como "un ejemplo del patrimonio que merece ser cuidado y preservado, tanto por sus características naturales como por su relevancia como activo económico".

Arcadi España ha defendido que el conjunto del patrimonio litoral de la Comunitat Valenciana "debe ser protegido por todas y todos, instituciones, vecinos y vecinas de las localidades costeras y turistas que puedan visitarnos". "Es necesario un compromiso social con la protección del entorno", ha reivindicado.

"Para esa protección, contamos con un elemento fundamental, los instrumentos de ordenación urbanística y, aquí, en la Comunitat Valenciana, tenemos el Pativel, un plan de acción territorial para cuidar y conservar nuestro territorio", ha aseverado.

El titular de Política Territorial ha subrayado que, con el Pativel, el "objetivo fundamental del Gobierno valenciano ha sido el de poner a disposición de ayuntamientos y ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat una herramienta para proteger y ordenar su litoral".

VIGENCIA DEL PATIVEL

"Por el momento, y hasta el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre nuestro recurso, la normativa que comprende el Plan continúa en vigor y nuestras playas y costas están protegidos", ha señalado.

En este sentido, Arcadi España, ha transmitido "un mensaje de tranquilidad" para "todos los valencianos y valencianas preocupados por la protección de su litoral". "Este instrumento de ordenación y protección sigue estando vigente y continúa dando cobertura a nuestras costas", ha aseverado.

"La sentencia que recurrimos no entra en el fondo del Plan sino que aborda solo cuestiones formales, y por eso confiamos en que esta herramienta de protección y preservación del litoral, de nuestro patrimonio medioambiental, cultural y económico, pueda continuar al servicio de los valencianos y valencianas", ha apuntado.

Por su parte, la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha mostrado su agradecimiento hacia la actuación de la Generalitat, que, en su opinión, "ha evitado la urbanización de la playa de l'Auir, un emblema ecológico y nuestro tesoro natural más preciado".

"Se trata de una de las pocas playas vírgenes que quedan en el litoral y, por ello, debemos seguir trabajando para cuidarla, conservarla y protegerla al tiempo que la ponemos en valor para que sea un producto turístico de calidad", ha afirmado Morant.

Así, ha valorado que Gobierno central, autonómico y local "coincidimos en el hecho de que no se trata solo de mantener estos espacios fuera de la especulación urbanística sino de retornarlos a la ciudadanía y potenciarlos como elementos que generen economía y riqueza".

El pasado mes de febrero, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Política Territorial trasladó un mensaje de "tranquilidad y seguridad jurídica" a los ayuntamientos de la costa de la Comunitat Valenciana ante "eventuales intereses de terceros en las zonas del litoral".

En este sentido, se procedió a remitir una nota explicativa para que las corporaciones municipales dispusieran de información actualizada sobre el Pativel tras el fallo del TSJCV del pasado 11 de febrero.

Cabe recordar que la sentencia, que estimó el recurso presentado por una empresa, concluyó que no existe en el expediente administrativo, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del PATIVEL y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo, ni que prevea tampoco las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo".

Como segundo motivo de nulidad, los magistrados señalaron que el proyecto incumple la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres "al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género", como resulta exigible en todos los proyectos normativos, incluidos los instrumentos de ordenación urbanística.