Se trata de una iniciativa presentada por el Grupo Popular y que ha sido aprobada por unanimidad este miércoles por la tarde.

Con la PNL también se insta al Gobierno del Estado a informar de "por qué no se notificó al Govern balear del Decreto de Argelia sobre la ampliación de aguas jurisdiccionales marítimas" y a que informe en qué medida son susceptibles de afectar estos hechos al entorno de Parque Nacional.

La iniciativa también solicita al Govern y al Ejecutivo central a que informe de las acciones que tiene previstas ante el solapamiento de aguas marítimas jurisdiccionales entre España y Argelia.

Por otra parte, con la propuesta, el Parlament insta al Govern a que pida al Estado que informe si tiene conocimiento de si la ampliación de aguas marítimas jurisdiccionales por parte de Argelia, está relacionada con posibles intereses económicos argelinos.

Finalmente, se insta al Govern a que solicite al Gobierno del Estado otorgar la máxima prioridad política a la defensa de la soberanía española sobre sus aguas territoriales en relación "con la unilateral extensión" por parte de Gobierno de Argelia de su Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Según la iniciativa del Grupo Popular, "esta extensión vulnera la soberanía española sobre las aguas territoriales del Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera y debe, en consecuencia, ser rechazada con total firmeza por el Gobierno de España".

PROHIBICIÓN DEL HERBICIDA GLIFOSATO

Por otra parte, durante la Comisión se ha aprobado una segunda PNL, presentada por los grupos Unidas Podemos, Socialista y MÉS per Mallorca, relativa a la prohibición del herbicida glifosato.

Con esta iniciativa, el Parlament insta al Gobierno a prohibir el uso del herbicida glifosato en usos no profesionales. Según el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, "la consecuencia del uso masivo de estos productos ha sido la reducción progresiva de la biodiversidad, afectando especialmente a los insectos polinizadores, lo cual lleva consecuentemente a problemas en la agricultura".

Por otra parte, la iniciativa también pide al Gobierno central solicitar fondos de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar en la transición a los agricultores y agricultoras a una agricultura sin glifosato ofreciendo alternativas para su uso.

En esta línea, Jiménez ha explicado que "los herbicidas se pueden sustituir por métodos no contaminantes, que no dañan la salud ni el medio ambiente". "El problema se plantea en discernir qué tipo de agricultura queremos: una agricultura industrial al servicio de conglomerados transnacionales o una agricultura enfocada a la alimentación sana y segura de la población", ha destacado.