A partir del próximo mes será más fácil y más rápido acceder a las ayudas municipales. El área de Familias e Igualdad ha dado este martes el último paso para la reforma de la Ordenanza de Prestaciones Económicas. Este fue- junto a la reforma integral del modelo de los servicios sociales-el objetivo que se marcó el delegado del área a su llegada a Cibeles. Se trata, en palabras de Pepe Aniorte, de "eliminar trabas burocráticas para llegar a más familias y llegar más rápido".
Tanto PSOE como Ciudadanos, PP y Vox han votado a favor de elevar esta propuesta al Pleno de la semana que viene. Este será el último paso para que los madrileños pasen a tener una nueva ley de prestaciones económicas. "Pasamos de una ordenanza pensada desde la administración a una ordenanza pensada desde las familias", ha señalado Aniorte durante la Comisión del Ramo.
Y es que la nueva norma contempla, por una parte, que las ayudas se puedan conceder en prepago, es decir, que las familias puedan recibir primero el importe y después justificar el gasto. Eso sí, dicha modificación "no renuncia al control, sino que altera el orden: una vez comprobada la necesidad de la ayuda, primero se concede y después se justifican los gastos", explican desde el área.
En segundo lugar, se permitirá que las ayudas sean prorrogables, lo que significa que podrán pasar de un año a otro. En este punto, el delegado ha recordado que hasta ahora, al terminar el año decaían las ayudas concedidas, y que por tanto se tenía que iniciar de nuevo los trámites para concederlas de nuevo a aquellos usuarios que las necesitaran. "Con la reforma, esto deja de suceder, y el fin de año no se convierte en una barrera. Si a una familia se le concede una ayuda de cuatro meses en noviembre, no tendrán que repetir el proceso en el mes de enero".
Por último, la nueva ordenanza permitirá que la fiscalización de los gastos se produzca por muestreo. De este modo, el usuario tendrá que justificar a posteriori todos sus gastos, pero los Servicios Sociales no tendrán que revisar cada factura o justificante: podrán elegir una muestra y, si no encuentran irregularidades, dar por buenos el resto de justificantes. Con esto último, el Gobierno municipal asegura que se reducirá "de forma notable" la carga burocrática de los Servicios Sociales.
¿Qué cambios supondrá la nueva Ordenanza?
Las ayudas se conceden antes de justificar el gasto. Además, son plurianualidad, por lo que, en lugar de que las prestaciones decaían el 31 de diciembre se autorizan automáticamente. A esto se suma que se descarga de trabajo a los equipos de los servicios sociales para que ocupen su tiempo en otros asuntos que no sean burocráticos.
¿Cuál es el precedente de la futura norma?
La tarjeta familias. Esta entró en vigor el pasado mes de diciembre y facilita alimentos y artículos de higiene a través de una tarjeta prepago. Esta es la primera vez en que el Ayuntamiento incorpora la fórmula de adelanto de dinero con posterior justificación.
Entonces, ¿engloba todas las ayudas?
Sí. Ya no solo son las ayudas de alimentación, también ayudas para la compra de material escolar, para alquileres o bien para el pago de la luz.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo de la reforma de la ordenanza es reducir la burocracia, agilizar la concesión de ayudas y, de esta manera, permitir que los equipos de servicios sociales puedan dedicar más tiempo al trabajo con los usuarios.
¿Están todos los grupos municipales de acuerdo?
No. Más Madrid ya ha avanzado que votará en contra. Por una razón principal: no dice expresamente que la tarjeta prepago u otras ayudas económicas similares sean realmente compatibles con la Renta Mínima de Inserción (RMI) ni con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un apunte que el grupo de Rita Maestre exige que conste la parte dispositiva de la norma y no en el preámbulo. Esto para Más Madrid "no muestra garantías porque se dejan resquicios para que puedan no ser compatibles las ayudas", apunta el concejal Javier Barbero.
En cambio, PSOE, Vox, Cs y PP dirán 'sí' en el Pleno de Cibeles dado que todas sus enmiendas han sido incorporadas al texto. Las líneas rojas de los socialistas pasaban porque fuera compatible la ayuda municipal de las tarjetas familias con el IMV y la RMI, que se suprimiera la participación de entidades colaboradoras en la gestión, y que los trabajadores sociales no se vieran cargados con tareas administrativas derivadas de las tarjetas familias. Esta última se ha rechazado en la votación pero quedaba aprobada de forma implícita porque la habían consensuado en la redacción final del texto, explica la concejala del PSOE, Emilia Martínez.
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