En este sentido, la Ley General de Telecomunicaciones contempla la retirada de las cabinas que no se han utilizado en el último año, o que están estropeadas, cumpliendo también con el requisito de que no sea la única en la pedanía.

Al respecto, el concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, José Guillén "La introducción de las nuevas tecnologías han llevado al desuso de las cabinas telefónicas, dejando de ser un elemento de utilidad para la población, generando obstáculos y ocupando espacios públicos que podemos recuperar. Los datos indican que el 88% de la población no ha utilizado nunca una cabina de teléfonos, según un estudio de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia".

La primera cabina de España se instaló en Madrid en 1928. Actualmente hay en España unas 16.000 cabinas en la vía pública, un servicio que es prestado por Telefónica.

Los teléfonos públicos forman parte del servicio universal con el que se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible, por lo que el Ayuntamiento mantendrá 97 cabinas.

Finalmente, la ley establece que tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se suma uno más por cada 3.000.