De esta forma, se añade un complemento de 50 euros por cada persona menor de edad integrante de la unidad de convivencia del solicitante que se suma a la cantidad mensual que recibe la persona beneficiaria de la ayuda.
Además, en relación a las renovaciones, se establecen dos novedades, por un lado, se permite que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación que se hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de las familias y por otro lado, se agilizan las renovaciones de aquellas familias que no han cambiado sus circunstancias, mediante informe social y declaración responsable.
De esta forma, en aplicación de este proyecto de decreto, y dadas que dichas solicitudes de renovación ya vienen con informe favorable por parte de la administración municipal, la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, lo hará de manera favorable, realizándose una comprobación con posterioridad, por si se detectaran variaciones en la circunstancias familiares o económicas.
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