La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella que la Fiscalía presentó contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y otros tres miembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar mociones relacionadas con el proceso soberanista.

En un auto, la sala civil y penal del alto tribunal catalán admite a trámite la querella de la Fiscalía y, en consecuencia, abre una investigación, al considerar que los hechos que detalla el ministerio público en su escrito presentan "a priori una apariencia delictiva", si bien advierte que con su resolución no asumen ni dan por supuestas "en absoluto" todas sus valoraciones.

En su querella, la Fiscalía acusaba al republicano Roger Torrent y a los miembros de JxCAT y ERC en la Mesa en la pasada legislatura -Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)- de desobedecer al Tribunal Constitucional por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía.

La sala civil y penal del TSJC ha designado a la magistrada Maria Eugènia Alegret como instructora, por lo que ahora deberá decidir sobre la pertinencia de las diligencias que solicitó la Fiscalía en su querella -entre ellas citar a declarar como investigados a Torrent y sus compañeros independentistas en la Mesa- o sobre las que puedan solicitar las defensas o las que considerara oportunas.

En su auto, que se puede recurrir, el TSJC precisa que ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña porque cumple los requisitos previstos en la ley y porque la relación de hechos que incorpora "presenta a priori una apariencia delictiva", sin que ello suponga, advierte, asumir ni dar por supuestas todas las valoraciones del ministerio público.

Según la Fiscalía, Torrent, que volvió a ser elegido diputado en el Parlament junto a Campdepadrós el pasado 14F, y sus compañeros independentistas en la Mesa tramitaron dos resoluciones en la pasada legislatura a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía pese a las advertencias de su ilegalidad por parte del secretario general de la cámara y a sabiendas de que el TC se lo había prohibido.

En concreto, según la Fiscalía, el 10 y el 16 de octubre de 2019 el Constitucional comunicó personalmente a Torrent y a los miembros de la Mesa sendas providencias en que les notificaba personalmente "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria" que supusiera "ignorar o eludir" la suspensión de la resolución aprobada el 9 de noviembre 2015 por el Parlament sobre el inicio del proceso independentista.

Pese a ello, según la Fiscalía, Torrent, el entonces vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el entonces secretario primero, Eusebi Campdepadrós, tramitaron una resolución presentada el 22 de octubre de 2019 por los grupos de JxCat, ERC y CUP en que el Parlament reiteraba "tantas veces como lo quieran los diputados... la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".

Esa misma resolución también incluía en otro apartado un punto en que se exponía que el Parlament "reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados la reprobación de la monarquía".

La Fiscalía sostiene que los querellados desestimaron el 29 de octubre de 2019 las peticiones de reconsideración planteadas por la oposición y tramitaron la resolución con estos dos puntos, que se votaron y aprobaron en el Pleno del Parlament del 26 de noviembre, con una enmienda posterior en que "se rechazaba expresamente" la suspensión acordada por el Constitucional.

La querella se refiere además a la tramitación, en este caso también por parte de la entonces secretaria cuarta de la Mesa Adriana Delgado, de otra resolución, también en octubre de 2019, promovida únicamente por la CUP, en que el Parlament expresaba su voluntad de "ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán".

Según la Fiscalía, pese a las "expresas advertencias de ilegalidad" de este punto por parte del secretario general del Parlament, de la oposición de los demás miembros de la Mesa y "a sabiendas" de lo ordenado por el Constitucional, los querellados acordaron admitir a trámite la propuesta el 29 de octubre, desestimaron las peticiones de reconsideración y la incluyeron para el debate y deliberación del pleno del 12 de noviembre de 2019.

La resolución fue finalmente sometida a votación y aprobada por el pleno, aunque el 11 de febrero de 2020 el Constitucional estimó un incidente de ejecución promovido por el Gobierno, la anuló y dedujo testimonio contra Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado.

Torrent critica ante la UE la "represión"

Torrent ha criticado en una carta a representantes de instituciones europeas la "represión" contra él y miembros independentistas de la Mesa del Parlament de la anterior legislatura por tramitar mociones relacionadas con el proceso soberanista, después de que el TSJC haya admitido a trámite este miércoles la querella.

En la carta, Torrent ha acusado al Estado de no encontrar una respuesta política "más allá de la represión policial y judicial" a la voluntad, según él, mayoritaria de la sociedad catalana de ejercer el derecho a la autodeterminación.

La carta ha sido enviada al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; a los presidentes de parlamentos de la Unión Europea; a la comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos; al presidente de la Asamblea Nacional de la Francofonía; a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y a decenas de eurodiputados.

Torrent ha censurado la "judicialización constante de la vida política y el retroceso en materia de libertad de expresión" en España, y ha criticado que se persiga judicialmente a personas que, cumpliendo sus funciones, preservaron los derechos de los diputados, en sus palabras.

Además, ha pedido a los destinatarios de la carta que "ayuden a proteger el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales" en España y a buscar soluciones estrictamente políticas al conflicto catalán.

El ya expresidente de la Cámara catalana ha subrayado que seguirán "defendiendo la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados", en un apunte en Twitter, y ha destacado que actuaron de acuerdo con sus responsabilidades y convicciones.