Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha aclarado que la niña no se encuentra en situación de desamparo y desprotección y toda esta cuestión está judicializada, ya que los tribunales investigan los posibles abusos, que pudieron cometerse durante un viaje de la menor con su progenitora.

La consejera ha explicado que los Servicios Sociales procedieron a realizar las visitas y entrevistas correspondientes tanto con la madre como con la menor ratificando lo que decían Fiscalía y el Juzgado de que no hay situación de desamparo, tras lo que ha añadido que será la Justicia la que determine si hay alguna responsabilidad de la madre de la niña en lo que haya podido ocurrir.

Isabel Blanco ha afirmado que cuando la Junta tiene conocimiento, por cualquier vía o medio, de que hay un menor en situación de desamparo se activan procedimientos e interveiene y ha aclarado que las únicas vías no son los juzgados o los hospitales, sino otras como denuncias, avisos, centros de acción social o por los propios menores y la Administración autonómica tiene 1.546 menores tutelados por diferentes causas, de los cuales 282 los tuteló en 2020 por desamparo.

En este sentido, ha recordado que el decreto que regula las actuaciones de la Junta se modificó en enero y es mucho más amplio que el anterior de 2016, revisado a raíz del caso de la niña Sara, de cuatro años, que falleció en agosto de 2017 tras una paliza y que sufrió agresión sexual.

Precisamente la consejera ha afirmado que se tratará de hacer una mayor divulgación para conocimiento de la nueva normativa y llegue a todos los profesionales de Castilla y León.

La investigación, en manos de Instrucción 6, se inició el pasado 26 febrero después de que el hospital, al que acudió la niña acompañada de su madre, pusiera los hechos en conocimiento del Juzgado mediante una llamada telefónica. Inmediatamente, el órgano judicial ofició a la Fiscalía y a la Policía para que se practicaran las diligencias oportunas encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

El informe forense recibido en el Juzgado sólo recoge la enfermedad de transmisión sexual, no aprecia ninguna otra lesión en la menor. El Juzgado que instruye la causa no ha recibido ninguna otra llamada telefónica comunicando la existencia de una segunda atención médica a la menor y tampoco se ha recibido ningún otro parte médico, de modo que al Juzgado instructor sólo le consta la primera asistencia sanitaria en la que se le diagnostica a la menor la enfermedad de transmisión sexual.

De las primeras indagaciones se desprende que los hechos investigados pudieron ocurrir en el extranjero, durante un viaje en el que la niña acompañó a su progenitora para visitar a otras personas. El sospechoso, pareja sentimental de la madre, reside en América, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

INHIBICIÓN EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Por tal motivo, el pasado viernes, la magistrada instructora dio traslado a la Fiscalía para que emitiera un informe ya que, de haberse producido los hechos fuera de España, el Juzgado de Valladolid no sería competente para investigarlos y tendría que inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

Entretanto, la jueza, a petición de la Fiscalía, ha oficiado a la UFAM de la Policía Nacional para que practique más diligencias y amplíe la investigación. Igualmente, se ha dirigido a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, administración a la que compete la protección de cualquier menor sin que sea necesaria la petición de un juez, para que completen la información y remitan un informe sobre la situación familiar de la niña.

La Administración Autonómica, a través de los Servicios Sociales, tiene plena autonomía para intervenir ante casos de desprotección. Su actuación no requiere la intervención de un juez.

El Protocolo Sanitario de Actuación ante la Sospecha de Maltrato Intrafamiliar en la Infancia y Adolescencia aprobado por la Junta de Castilla y León en 2016 establece, en su página 31 y siguientes la forma de actuar en caso de riesgo por maltrato grave y desamparo.

"En estos casos, la primera actuación que se debe llevar a cabo es atender de forma inmediata aquellas lesiones que puedan poner en grave riesgo la salud del menor. Junto a esto, es prioritario asegurar la protección del menor en aquellos casos en que no exista figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo del menor. Una vez realizada esta primera atención, se procederá a la notificación del caso que se realizará directamente a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, junto con la comunicación del caso al trabajador social del centro sanitario. Además se realizará también: notificación telefónica al Juzgado de Guardia de todas aquellas situaciones que pueda motivar una posible causa judicial (maltrato físico, abuso sexual, etc) o cuando exista una situación de emergencia. Posteriormente, se enviará parte médico de lesiones".