Así se ha pronunciado en la primera sesión del juicio por estos hechos, que ha arrancado este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde se ha sentado en el banquillo de los acusados junto con un constructor.

Durante su turno de palabra, el excargo socialista ha defendido su gestión durante el tiempo que ejerció como alcalde pedáneo, y ha apuntado que "los contratos menores se hacían de forma verbal". "Yo actúo como se hacía antes y como se hace ahora", ha justificado.

Según ha indicado, todas las facturas de obras contaban con un presupuesto y, una vez que las obras terminaban, iba él mismo a comprobar que estaban finalizadas. Era entonces, ha explicado, cuando se abonaban las facturas.

En concreto sobre la obra objeto de la causa, en la Praza da Cruz, Ballesteros ha explicado que una empresa llevó a cabo una primera acometida en la zona, tras lo que los vecinos le pidieron que llevase a cabo una ampliación del área adoquinada.

Por ello, recurrió a una constructora -cuyo administrador es el segundo acusado en esta causa- que ya "estaba haciendo otra obra" en otra zona del barrio. En su intervención, el constructor ha confirmado que su empresa llevó a cabo la obra de la Praza da Cruz, mediante la ampliación de la zona adoquinada donde se encuentra un contenedor.

Cuestionado por la defensa acerca de si ha cobrado alguna cantidad de las empresas con las que hizo obras, Ballesteros ha apuntado que "es evidente que no". Además, cuestionado acerca de si la factura pudo haber sido "inflada", ha aseverado que no se "iba a complicar la vida por una tontería".

PERITO JUDICIAL

Un perito judicial que elaboró un informe para determinar cuál fue la obra realizada por la constructora, ha apuntado que "esta obra da la impresión de que se realizó en una acometida, porque el diseño es similar y continuo".

Así, ha considerado que la obra la hizo "una empresa única y al mismo tiempo" y que la constructora cuyo administrador ha sido encausado "no hizo aquí ninguna obra". No obstante, en respuesta a preguntas de la defensa ha reconocido que en las ampliaciones de las obras, lo habitual es buscar la homogeneidad.

En este sentido, tras admitir que el material tampoco arroja pistas concluyentes, ya que la obra se llevó a cabo en 2014 y su visita para elaborar el informe pericial fue en 2020, ha reconocido que no puede descartar "absolutamente" que la obra no se llevase a cabo en dos fases y por empresas distintas.

TESTIGOS

El vocal popular de la Entidad Local Carlos Comesaña, que ha comparecido como testigo, ha indicado que denunció las "irregularidades" en las obras de la Praza da Cruz porque él "sabía que esas obras" las había hecho otra empresa. "Se pidió la documentación y no apareció, no había expediente de contratación de esas obras, no había presupuesto, nada", ha censurado.

Por su parte, Concepción Martínez, que fue alcaldesa-pedánea en funciones tras la dimisión de Ballesteros en 2018, ha asegurado que las obras en la Praza da Cruz se hicieron en dos procesos distintos. Así, primero se llevó a cabo una remodelación y "posteriormente se hizo una pequeña ampliación a petición de los vecinos"; sin embargo, ha dicho no saber quién llevó a cabo cada obra.

Acto seguido, un administrativo de la Entidad Local ha manifestado que "había muchos casos de facturas" a las que no les constaban los presupuestos y que "en la gran mayoría de casos no había expedientes de contratación porque eran obras menores".

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía y la acusación particular entienden que la obra fue realizada en su totalidad por otra empresa, puesto que han apreciado discrepancias por el tamaño de los adoquines, por la cantidad de material comprada por la primera empresa, por el momento en que supuestamente se realizaron las acometidas y por el contenido de la factura de la constructora.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Ballesteros contrató una obra en la pedanía por algo más de 15.700 euros, y que fue ejecutada entre septiembre y octubre de 2014. Posteriormente, se concertó con el representante legal de otra constructora y simuló la contratación verbal de otra obra por importe de más de 9.400 euros.

Esta segunda obra nunca se ejecutó y los conceptos de los trabajos que figuraron en la factura, pagada en 2015, se correspondían con los ya realizados por la otra empresa, que hizo las obras en 2014.

El Ministerio público considera a Ballesteros autor de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como cómplice en el delito de falsedad documental. Mientras, acusa al representante de la constructora de ser autor de un delito de falsedad y cooperador necesario en un delito de malversación.

Por ello, pide que el primero sea condenado a penas que suman 4 años y cinco meses de cárcel, 17 años de inhabilitación y a pagar una multa de 3.750 euros; mientras que para el constructor solicita penas que suman 3 años y 8 meses de prisión, y multa de 6750 euros. Además, ambos deberán indemnizar a la entidad local en los más de 9.400 euros pagados por la obra supuestamente inexistente.

CONDENA ANTERIOR

El exalcalde pedáneo de Bembrive ya fue condenado en 2017 (la pena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2018) por un delito de prevaricación a 7 años de inhabilitación, por haber suspendido (en junio de 2013) las retribuciones de los vocales del PP en la entidad local menor.

En la sentencia condenatoria, del juzgado Penal número 3 de Vigo, se señalaba que Ballesteros tomó esa decisión "a sabiendas de su injusticia y no obstante ser apercibido por el secretario-interventor de la ausencia de legalidad en su resolución". Tras esta condena, Ballesteros presentó su dimisión.

Antes de eso, estuvo envuelto en otra polémica, ya que fue denunciado en 2011 por una excompañera socialista. La denunciante sostenía que Ballesteros cobraba comisiones a cambio de favores en el Ayuntamiento de Vigo (además de alcalde pedáneo, era funcionario en el consistorio olívico).

Los juzgados abrieron diligencias, pero la causa se acabó archivando por falta de pruebas, y, aunque incluso se puso en marcha una comisión de investigación en el propio Ayuntamiento, ésta también concluyó sin ningún tipo de medida sancionadora.