Santiago del Valle , presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, ha expresado su malestar porque el juzgado le haya embargado a él y su mujer su pensión, lo que considera una "injusticia social". Además, se queja de que no le ha comunicado dicho embargo y que se ha enterado del mismo "por el banco".

En una carta remitida al diario ABC desde la carcel de Albolote (Granada), donde permanece internado a la espera de juicio, detalla que "esto es una injusticia social contra dos personas que están declaradas minusválidas", Al parecer esta no es la primera misiva de protesta, ya que ha enviado varias tanto al juzgado como a la propia Fiscalía de Sevilla.

Ese embargo se produce, siempre según el relato del propio recluso, "para hacer frente a una indemnización" que le piden de 60 euros a cada uno, impuesta por el juez de lo penal número uno de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que la he embargado el cobro de su pensión por invalidez "no contributiva", que asciende a 336,44 euros al mes.

El presunto asesino cita en su escrito, redactado con numerosas faltas de ortografía, el número de sentencia -la 429/2003- y destaca que se le había reconocido como "con escasos recursos y con situación de insolvente" para poder hacer frente a esos pagos.

Lejos de asumir la justificación del embargo por la sentencia condenatoria, Del Valle ha escrito varias cartas al juzgado y a la propia Fiscalía, quejándose de que ninguno de las dos instituciones haya contestado a sus mensajes.

Además, el reconocido pederasta se refiere al juez Tirado y su sanción diciendo que "a este señor juez, Don Rafael Tirado, le echaron un multa y a la secretaria del mismo, lo mismo. Creo yo por el caso de Mari Luz".

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