La Generalitat de Cataluña interpuso el pasado lunes un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) que ordena al Govern a garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias.
Al respecto, el secretario de políticas educativas de la Conselleria de Educación, Carles Martínez, ha argumentado este miércoles que la política lingüística en el ámbito educativo "tiene que ser un debate pedagógico y no jurídico".
"Establecer porcentajes entre las lenguas corresponde a una concepción y un contexto bilingüe del pasado, cuando convivían catalán y castellano y una lengua extranjera con un uso instrumental, que poco tiene que ver con la situación actual", ha añadido Carles Martínez, en referencia al fondo del recurso presentado ante el TS.
De momento, la sentencia del TSJC, "que es de aplicación inmediata", queda paralizada a la espera de que el TS admita a trámite el recurso interpuesto por la Generalitat y "en el caso de que no lo admita, la sentencia del TSJC pasaría a ser firme", ha señalado el secretario.
Por ello, Carles Martínez ha apuntado a que desde el Parlament "se deberá buscar una alternativa pedagógica en forma de ley que cuente con los consensos políticos necesarios" para "evitar intromisiones jurídicas en un tema que es pedagógico".
En concreto, Martínez ha afirmado que "probablemente tendremos que rehacer el título lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña" y ha añadido que "tendremos que hacerlo con una cierta celeridad para introducir una mirada más integral de las lenguas" e "impedir que determinados tribunales quieran hacer de legisladores y que sentencias como la del 25% del TSJC no se lleguen a aplicar nunca".
El pasado 17 de diciembre, el TSJC emitió la sentencia tras detectar un uso "residual" del castellano, ya que detectó que sólo un 2% de las escuelas en la etapa de primaria y en un 12% en el bachillerato cumplen la ley y ofrecen el 25% de materias en castellano.
La Generalitat anunció que recurriría el fallo, lo que ha hecho ante el Tribunal Supremo.
La sentencia del TSJC estimó parcialmente un recurso que en 2015 había presentado el Gobierno de Mariano Rajoy por la "inactividad" de la Generalitat en su obligación de garantizar al menos un 25% de castellano como lengua vehicular en las aulas, como establecían sentencias previas del propio TSJC y también del Tribunal Supremo.
Para el secretario de políticas educativas, "hablar de porcentajes en la enseñanza de lenguas es anacrónico y no tiene en cuenta la realidad compleja de las aulas", donde los alumnos "necesitan enseñanzas más personalizadas, también en materia lingüística".
Además, según Carles Martínez, se debe tener en cuenta que la normalización lingüística "es necesaria para proteger las lenguas minoritarias, como es el caso del catalán", y como elemento "garantizador de la cohesión social, al ofrecer igualdad de oportunidades".
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