El Ejecutivo ha precisado que la apertura de la consulta pública es el "primer paso" antes de la orden de inicio de tramitación de un texto articulado en el que se tomarán como referencia la proposición presentada la pasada legislatura en la Cámara vasca y las aportaciones recibidas en los debates que se realizaron, además de integrar en el texto la nueva herramienta de protección que es el Ingreso Mínimo Vital.

La iniciativa parte del análisis sobre la eficacia de las medidas establecidas para la garantía de ingresos y la inclusión socio-laboral que, desde su aprobación en 2008 como derecho subjetivo, se ha visto afectada por dos profundas crisis (la de 2008 y la actual crisis generada por el Covid-19).

Esas consecuencias, según ha recordado, se reflejan en el desempleo de larga duración, la falta de recursos personales de las personas migrantes, la feminización del riesgo de exclusión, la escasez de recursos económicos de algunas personas pensionistas, así como el incremento de las formas más precarias de empleo, provocando un aumento del volumen de personas necesitadas de protección.

El Departamento dirigido por Idoia Mendia ha afirmado que a esos problemas se suman las limitaciones de la propia normativa actual, "excesivamente prolija y rígida en ocasiones", y la aparición del Ingreso Mínimo Vital, una prestación de Seguridad Social de nuevo cuño, con objetivos "parcialmente coincidentes" con los de la Renta de Garantía de Ingresos y cuya íntegra gestión será previsiblemente transferida a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El Ejecutivo ha explicado que la nueva ley buscará profundizar en la universalización de la Renta de Garantía de Ingresos, llegando a determinados segmentos poblacionales actualmente "no suficientemente cubiertos" e incidiendo especialmente en las familias desfavorecidas con hijos e hijas a su cargo, establecer un sistema específico para las personas beneficiarias pensionistas, e incentivar la actividad económica y la inclusión social y laboral de las personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos que sean empleables.

Los objetivos de la norma buscan ofrecer soluciones a los problemas identificados, normalizar el sistema como parte del modelo general de bienestar de Euskadi, e implementar innovaciones basadas en la evaluación y el conocimiento que permitan al sistema "mantenerse en la vanguardia de las políticas sociales en el entorno europeo".

El Departamento de Trabajo y Empleo ha señalado que la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social se dirige a la consecución de diversos objetivos, como son actualizar el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión como sistema autónomo, constituido en un "todo coherente e integrado" de todas las prestaciones gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Por otra parte, busca responder con medidas y soluciones específicas a las necesidades surgidas del contexto socioeconómico y, especialmente, aquellas encaminadas a impulsar y mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral y a la integración social.

Junto a ello, pretende implantar "un sistema más cercano a la ciudadanía", simplificando la normativa, así como mejorar la cobertura de las prestaciones ofrecidas, tanto desde el punto de vista de las personas destinatarias, como de los mecanismos de fijación de las cuantías, que atiendan especificidades como la protección de las familias con hijos e hijas, la monoparentalidad o la dependencia.

Otros objetivos son atender a las distintas composiciones de los hogares vascos, identificando situaciones excepcionales necesitadas de atención temporal, así como atender la especificidad de las personas pensionistas.

Asimismo, se pretende avanzar en la mejora de la gestión de las prestaciones delimitar el papel de las distintas prestaciones que conforman el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión y reforzar la coordinación del Sistema de Vasco de Inclusión con los servicios sociales y de empleo.