Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, a finales de 2014, Francisco de Paula M.G. convenció al socio mayoritario de tres empresas de Sevilla, en concreto Dirsa Pavimentos Técnicos, Gubia Sevilla y Polygroup Europe, para que "hiciera la portabilidad de sus líneas de teléfono a la compañía Vodafone, de la que afirmaba era comercial, ofertando descuentos y terminales de alta gama".

El mencionado empresario, según la Fiscalía, aceptó y facilitó al acusado los datos y documentos necesarios para la operación, tras lo cual Francisco de Paula M.G. "contrató la portabilidad de once líneas y seis terminales".

Pero después, entre mayo y diciembre de 2015, el acusado usó la documentación facilitada por el empresario y, "haciéndose pasar por él en algunas ocasiones y utilizando el membrete y sello de las empresas e imitando su firma en otros casos, contrató telefónicamente o de forma presencial 34 líneas telefónicas con sus correspondientes terminales asociados", con pagos cargados a las sociedades mercantiles ya citadas.

No obstante, el acusado "hizo constar su propio domicilio para la entrega" de los terminales adquiridos, que después procedió a "enajenar haciendo suyas las cantidades" obtenidas para así obtener un "beneficio ilícito".

Por tales hechos, Vodafone facturó y reclamó a las empresas Dirsa Pavimentos Técnicos, Gubia Sevilla y Polygroup Europe un total de 19.446 euros, parte de los cuales fueron abonados a las entidades, si bien la operadora telefónica "procedió a su posterior reembolso" a cuenta de la situación, toda vez que "los terminales no fueron recuperados" y Vodafone sufrió un "perjuicio económico" de 18.693 euros.

La Fiscalía califica los hechos como un delito continuado de estafa en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, reclamando para el acusado tres años de cárcel y una multa de 2.160 euros, si bien las partes estarían tratando de resolver el juicio mediante un acuerdo por conformidad entre las mismas.