En rueda de prensa, ha advertido que "Puig no puede seguir escondiéndose" y "el PP va a llegar hasta el final" tras la sanción impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Conselleria de Economía a una productora de su hermano y otras empresas vinculadas por constituir un cartel que pactó precios en el marco de una licitación pública para la contratación del servicio de corresponsalías en À Punt. La radiotelevisión pública valenciana fue quien puso en conocimiento esta situación al detectarla.

Ortiz ha avanzado que los servicios jurídicos del PP están en conversaciones con Fiscalía porque "hay un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo de Castellón que da lugar a una serie de registros e intervenciones de WhatsApp" relacionados con la sanción de Competencia, aunque "también hay una parte reservada dentro del expediente, enviada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Tributaria".

Por tanto, los 'populares' quieren saber si la Fiscalía de la Comunitat lo ha remitido a la de Castellón y si esta ha emprendido alguna investigación. "Si hay causa abierta de la parte reservada, el PPCV se personará en la causa, y si no la hay, iniciará acciones judiciales porque entendemos que hay posible tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación", ha aseverado.

"Estamos asistiendo a una situación que llevamos denunciando desde 2016: son un cártel creado para conseguir subvenciones de toda índole y sin justificaciones claras", ha recalcado Ortiz, para recordar que Francis Puig está imputado y avanzar que el PP va a pedir este mismo lunes la paralización del contrato de À Punt del lote de corresponsalías en las que "están implicadas las empresas del hermano del 'president' y sus socios".

Es más, ha hecho hincapié en que no hay "ninguna garantía" de que este concurso sea "limpio" y ha denunciado que "estas empresas, con toda la picaresca, han cambiado el nombre para presentarse (a la adjudicación) como Televisión Castellón".

Ortiz también ha garantizado que el PPCV aportará al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, en su ampliación de denuncia, contratos del Ayuntamiento de Morella (Castellón) de la época en la que Puig era alcalde, además de volver a reclamar la creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre estas ayudas y de pedir el expediente de Competencia "desde el inicio".

"PUIG TIENE RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

Por todo ello, ha advertido que es un "asunto grave" y que "el 'president' se equivoca si cree que escondiéndose detrás de la Covid y de la borrasca 'Filomena' no le va a salpicar directamente: tiene una responsabilidad política grave". "Hemos tenido que pelear con uñas y dientes en el TSJ y hemos aguantado presiones de todo tipo", ha enfatizado.

La también vicesecretaria del PPCV ha augurado que "este asunto no acabará nada bien" y ha preguntado a Ximo Puig, también líder del PSPV, si este caso "no constituye una hipoteca reputacional para la Comunitat". "Lo mejor en estos casos es dar la cara", ha urgido.

Dicho esto, ha agradecido la "disposición" de la Conselleria de Economía para facilitar documentación sobre la sanción y la "valentía" de À Punt al ponerlo en conocimiento de la administración. Y ha exigido saber "quién dio la orden" de entregar las ayudas porque "no tienen que pagar justos por pecadores", en relación al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, acusado por falsedad documental.

Eva Ortiz ha hecho hincapié en que no es algo que parta del PP, sino de À Punt y de Competencia, y ha remachado que los "voceros" no van a conseguir que deje de denunciarlo. "Sé que tanto por parte de Isabel Bonig -presidenta del PPCV- como de la dirección nacional me puedo dedicar solo a esto porque es nuestra obligación perseguir lo que está pasando con el dinero de los valencianos", ha dicho en otro punto.