Los servicios jurídicos de la Generalitat están en contacto con los del Gobierno para "resolver" un eventual "conflicto competencial" y evitar que la ley que limita el precio de los alquileres, que se aprobó en septiembre en el Parlament, sea recurrida por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC).

En rueda de prensa telemática este martes posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha llamado a dejar trabajar durante unos meses a los servicios jurídicos de ambas partes para intentar alcanzar un acuerdo y evitar dicho recurso.

La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como "mercado de vivienda tenso", en el que se incluyen los municipios que cumplan alguno de los tres requisitos previstos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Catalunya; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.

El PP decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma y los socios del Gobierno de coalición se muestran divididos sobre la cuestión -los comunes votaron a favor de la ley en el Parlament, los socialistas en contra-.

El Congreso también ha iniciado los trámites para legislar en sentido similar a lo hecho en Cataluña: la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado, con el apoyo del PSOE, ERC y Bildu, una proposición no de ley de Unidas Podemos que insta al Gobierno a regular el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios.

Mientras, según ha informado Budó, la Generalitat catalana y el Ejecutivo central están haciendo algo que "pasa a menudo", esto es, negociar el contenido de la norma catalana para evitar un recurso de inconstitucionalidad.

"Dejemos trabajar a los servicios jurídicos de las dos partes", ha pedido la consellera, quien ha apuntado que quedan por delante "meses" para alcanzar un acuerdo y evitar así que el Gobierno central pida al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto.