Según han informado a Europa Press fuentes del caso, además de aplazar las comparecencias testificales previstas con los denunciantes del asunto, miembros de la sección de UGT en la Mancomunidad, y el secretario de la entidad; el juzgado ha decidido posponer también la tanda de citaciones que había fijado para el viernes de esta semana, al objeto de que prestasen declaración como investigados los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno; así como Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M. como gerentes; Fernando D.D. como jefe del gabinete jurídico de la entidad; Antonio R.F. como economista y Domingo G.M. como "trabajador beneficiado" supuestamente por los hechos denunciados.

Cabe tener en cuenta que el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor había incoado ya diligencias previas en torno a una denuncia de UGT por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

EL DESTINO DE LOS CAMIONES

En concreto, UGT ha denunciado la "práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos los diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio".

En ese sentido, los denunciantes sospechan de que "el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración".

En paralelo, esta causa deriva de otra denuncia de la sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

EL INFORME DEL SECRETARIO

Según la denuncia, el trabajador Domingo G.M. "desde hace más de diez años" viene cobrando "emolumentos salariales indebidos" por parte de la Mancomunidad, esgrimiendo un informe del secretario de la entidad emitido en abril de este año, según el cual Domingo G.M., funcionario con categoría de conductor de recogida en el Ayuntamiento de Bormujos e incorporado a la Mancomunidad en tal condición, habría acabado "desempeñando funciones propias de inspector de servicios" y "ha podido cobrar indebidamente" unos 240.000 euros en los últimos diez años.

Y es que según el informe del secretario, este funcionario "ha desempeñado, aun careciendo de título habilitante, funciones de categoría superior y debe cobrar por ello" para que no se incurra en un "enriquecimiento injusto" en favor de la administración. No obstante, el secretario señala en su informe el necesario "cese" de este funcionario en las funciones de inspector de servicios de la Mancomunidad al no reunir "los requisitos académicos precisos" para ello.

En su informe, el secretario de la Mancomunidad señala la "gravedad de los hechos" porque podrían constituir un "supuesto de responsabilidad contable", anunciando una auditoría sobre el asunto.