Ante esa situación, el Ejecutivo autonómico reclama que se maximicen las ayudas contempladas en la nueva regulación y la puesta en marcha de un mecanismo sustitutorio de las subastas de interrumpibilidad.

A juicio del Gobierno del Principado, y "a falta de conocer el texto definitivo" que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), desde el Principado consideran que el estatuto "no da una respuesta satisfactoria a las singularidades de las empresas asturianas con un consumo intensivo de electricidad, pertenecientes a sectores y subsectores económicos en claro riesgo de fuga de carbono y con desventajas competitivas frente a otros países de la Unión Europea".

La Consejería dirigida por Enrique Fernández valora el "esfuerzo y compromiso" del Gobierno de España de cara a la creación de un marco jurídico "estable y predecible" que aporte seguridad al sector industrial, pero lamenta que no se hayan atendido las alegaciones conjuntas presentadas por los Ejecutivos de Asturias, Galicia y Cantabria, que recogían también las consideraciones y sugerencias de las principales empresas asentadas en el Principado.

Esas alegaciones, precisa la Consejería de Industria, estaban orientadas a impulsar la competitividad del sector como generador de riqueza y de empleo de calidad en la economía regional y evitar situaciones de desventaja frente a otros países y regiones de la UE, reduciendo el diferencial (o gap) en los costes de la energía.

Desde el Gobierno asturiano explican que precisamente las industrias altamente electrointensivas con actividad productiva en Asturias son las más expuestas a la competitividad internacional y las que, por pautas y volumen de potencia y energía demandadas, pueden contribuir con un mayor potencial a la mejora de la gestión técnica y económica del sistema eléctrico. "Son singularidades que el Real Decreto aprobado ayer no parece haber tenido en cuenta", advierten.

Ante este escenario, el Gobierno de Asturias seguirá defendiendo la puesta en marcha de herramientas que puedan dar respuesta a las necesidades de los consumidores altamente electrointensivos.

Lo hará en dos ámbitos. Por un lado pedirá partidas presupuestarias suficientemente dotadas para maximizar las ayudas contempladas en el nuevo marco legal, tanto las previstas para el desarrollo del estatuto como las relativas a las compensaciones de costes in2directos de CO2, que "deben elevarse hasta el tope permitido.

Por otro, solicitan la implementación, en el menor tiempo posible, de mecanismos sustitutorios de las subastas de interrumpibilidad, como la reserva estratégica de respuesta rápida, que contemplen las singularidades de la industria altamente consumidora en energía.