El conseller Solé, tras declarar en el TSJC por el 1-O: "Juzgarme a mí es juzgar a todos los alcaldes de Cataluña"

  • La fiscalía pide un año y medio de inhabilitación y 24.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional.
  • Miembros del Govern, partidos y entidades independentistas han acompañado al exalcalde hasta la puerta del TSJC.
Govern, partidos y entidades independentistas han acompañado este lunes al conseller Bernat Solé hasta la puerta del TSJC.
Govern, partidos y entidades independentistas han acompañado este lunes al conseller Bernat Solé hasta la puerta del TSJC.
ACN
Govern, partidos y entidades independentistas han acompañado este lunes al conseller Bernat Solé hasta la puerta del TSJC.

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, ha asegurado este lunes que su juicio forma parte de una causa general contra el independentismo y ha advertido: "Juzgarme a mí es juzgar a todos los alcaldes y alcaldesas de Cataluña.

En declaraciones a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), tras declarar por presunta desobediencia el 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida), Solé ha pedido poner "la amnistía y el referéndum como elementos esenciales para resolver el conflicto político entre Catalunya y España", ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Para él, este lunes ha quedado demostrado que no ha habido ningún acto de desobediencia, sino al contrario porque ha "obedecido la voluntad de la ciudadanía", y que estar al lado de la población nunca debería considerarse un acto de desobediencia. 

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, será juzgado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su actuación como alcalde de Agramunt (Urgell) durante las fechas previas al referéndum del 1-O tras considerar que promovió y favoreció la votación suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). 

Piden 1 año y medio de inhabilitación

La fiscalía pide para el conseller un año y medio de inhabilitación como cargo público y 24.000 euros de multa por un delito de desobediencia. Según el ministerio público, el exalcalde de Agramunt desatendió la prohibición del TC de impedir el referéndum y "permitió y colaboró" en la votación en el municipio.

Hasta la puerta del TSJC se han desplazado algunos de los miembros del Govern, como Pere Aragonès, Meritxell Budó i Chakir el Homrani, una veintena de alcaldes y representantes de JxCat y entidades independentistas, que han querido mostrar su apoyo al conseller.

A las puertas del TSJC, Budó se ha mostrado en contra de este juicio y ha defendido a Solé, de quien ha dicho que fue un "alcalde valiente", así como lo fueron "el resto que hicieron posible el 1-O".

"El estado español no tiene freno, pero nosotros seguiremos aquí, determinados con la democracia y la libertad y denunciando la represión", ha sentenciado la portavoz del Govern.

Una "estrategia general" de alcaldes ante juicios por el 1-O, según el fiscal

La Fiscalía ha reprochado este lunes en el juicio al conseller de Acción Exterior de la Generalitat y exalcalde de Agramunt (Lleida), Bernat Solé, que su defensa "forma parte de una estrategia general acordada por muchos alcaldes: No firmar nada, no aparecer allí, para que no te pillen".

Lo ha expresado el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio al exponer su informe final en el juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el que ha confirmado su petición de condenar a Solé a un año y medio de inhabilitación y a 24.000 euros de multa.

Ha sostenido que por esta supuesta estrategia la Fiscalía ha tenido que archivar diligencias al no hallar pruebas de la presunta implicación de otros alcaldes en el 1-O, si bien considera que "en este caso existe una clara prueba, y además documentada, que son los reportajes publicados en la revista Sió", en referencia a una publicación municipal que relató la participación de Solé en un debate sobre la autodeterminación y la supuesta implicación del entonces alcalde en la organización del 1-O.

El fiscal considera que la participación de Solé en "un acto electoral en apoyo y promoción del referéndum supone incumplir claramente la prohibición del TC tanto de cesión de locales como de actos destinados a la preparación y celebración del referéndum".

Por su parte, la defensa de Solé ha reprochado que, a su parecer, la tesis del fiscal implica que "cualquier adhesión o participación en el referéndum es ilegal por el hecho de que el referéndum era ilegal, aunque en aquel momento no era ilegal sino que había sido suspendido", en referencia a que parte de los hechos de los que se acusa al conseller ocurrieron días antes del 1-O. 

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