Según consta en la sentencia, que no es firme, la condena al hombre es por un delito de intrusismo profesional. Fue el Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) el que se querelló contra el hombre.

El condenado ejercía en un centro de Ontinyent pedicuras y manicuras y, además, desarrollaba tareas propias de un podólogo sin tener el pertinente título universitario de Podología. Realizaba estudios de la pisada y usaba en el desarrollo de su trabajo herramientas punzantes propias del sector.

Según pudo saber el Colegio, el hombre ejercía al menos desde 2017 y tras una investigación pudo averiguar que prestó servicios a varios clientes que consistían en asesoramiento sobre la salud de los pies, consejos para mejorar la marcha, realizó vendajes, estudios de la pisada y utilizó instrumental que únicamente corresponde utilizar a los graduados en Podología como son instrumentos punzantes, cortantes y bisturíes.

La presidenta del ICOPCV, Maite García, ha explicado que esta sentencia "es un paso más en la defensa de los derechos de los pacientes". "Todavía hay personas que desconocen que pedicura y quiropodia no son lo mismo. El primero es un acto meramente estético y el segundo se trata del cuidado o atención sanitaria de alteraciones de los pies. Esto debe cambiar y, para hacerlo, es necesaria la ayuda de la Conselleria de Sanidad", ha dicho.

"El intrusismo -ha agregado- no sólo es una falta de respeto a profesionales sanitarios, sino que es un peligro para la salud de las personas. Además de por desconocimiento, también se da porque las personas con menos recursos no pueden permitirse un podólogo privado y se dejan llevar por no profesionales que les cobran mucho menos, eso sí, con una seguridad y conocimientos de la salud de sus pies, nulos", ha apostillado.

Desde 2017, el ICOPCV ha iniciado acciones legales para perseguir la actuación de personas no tituladas que realizan estudios de la pisada o tratan alteraciones en los pies por incurrir en un delito de intrusismo en la profesión. En el último año y medio se han interpuesto tres condenas por intrusismo en la podología, dos de ellas en la localidad de Ontinyent y una en Alfafar.

El Colegio continuará denunciando todos aquellos casos de los que sean conocedores como medida de protección tanto para los pacientes como de la propia profesión.

Se ha señalado que para que el paciente pueda cerciorarse de que se pone en manos de un profesional cualificado es imprescindible comprobar que dispone de número de colegiado. Si se detectara algún caso que hiciera sospechar de alguna irregularidad en este ámbito, puede contactarse con el ICOPCV y se realizará un estudio del caso.